Los diferentes acontecimientos sobrevenidos desde el año 2020, como la pandemia o la invasión de Ucrania, han propiciado, desde que arrancase a inicios de este siglo la denominada “era digital”, una aceleración más intensa en avances tecnológicos, nuevos modelos productivos y energéticos, y, sobre todo, en su uso.
Antes de estos acontecimientos sobrevenidos, en 2019, la economía mundial mostraba signos de desaceleración, lo que invitaba a los gobiernos a pensar en reformas estructurales para adaptar sus economías a nuevas tendencias como la transformación digital, el envejecimiento de la población, la transición hacia una energía más ecológica y el cambio climático, entre otras, sobre las que desarrollar políticas de crecimiento futuro.
Está claro que, para construir una economía del bienestar con altos grados de cohesión social, con oportunidades para todos los sectores de la población y para el crecimiento empresarial en nuestro país, se necesita tener un diagnóstico claro de nuestro punto de partida en el que persisten muchas debilidades y cambios estructurales que conviene acometer, entre los cuales, la implantación de una auténtica transformación digital y el desarrollo bajo principios de sostenibilidad son vertebrales.
Esta nueva realidad que impone la cultura digital y sostenible parece estar ya en la hoja de ruta y la sensibilidad de nuestros legisladores. Así, el reciente INFORME DE PROGRESO 2023 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, expresa la necesaria contribución a “enterrar la falsa disyuntiva entre ecología y economía”, entendiendo que “no son cuestiones opuestas, sino que deben ir necesariamente de la mano”. Asimismo, el informe publicado por el gobierno en 2021, España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, plantea un ambicioso plan para posicionarnos, ni más ni menos, que como uno de los países más avanzados de la UE. Un objetivo sin duda loable que será difícil alcanzar sin una apuesta decidida por la mejora en formación, educación y recualificación para la modernización de nuestro tejido productivo, a lo que se tendrían que unir las mejoras en fiscalidad, administración pública, innovación e investigación, desarrollo sostenible, empleo, o el incentivo a la cultura empresarial, siempre desde la cautela de no convertir objetivos demasiado ambiciosos en inabordables.
El crecimiento económico es uno de los pilares del progreso social. En este sentido, es necesario enfatizar que, para crecer y lograr la convergencia real, además de los retos expuestos, son premisas fundamentales incrementar la productividad, la tasa de actividad y el empleo. En este sentido, tenemos por delante trabajar para una mayor estabilidad real del empleo y mejorar la eficiencia del mercado, entre otras cosas casando oferta y demanda y conteniendo los costes laborales vía menores impuestos sobre el factor trabajo. Todo ello pasa por acometer políticas públicas que valoren a las empresas, así como la importancia de invertir en capital humano, tecnológico, natural e intangible, y salvaguardar e incentivar las políticas de desarrollo sostenible y la seguridad jurídica en los ámbitos que más afectan a los ciudadanos, así como incrementar el respeto al mérito y la igualdad de oportunidades.
No obstante, no podemos olvidar que no cabe plantear objetivos y retos sin el soporte necesario de un marco de estabilidad institucional que otorgue seguridad y perdurabilidad a los proyectos, leyes y programas emprendidos, todo ello con unas cuentas públicas saneadas y el preciso descenso de nuestro déficit estructural.
En los actuales escenarios de cambio, definir el punto de partida y el destino nos facilita conocer el camino, pero habrá que trabajar desde todos los ámbitos para que la adaptación pueda crear las sinergias necesarias que faciliten aprovechar tanto el talento emergente como la experiencia.
Opinión
