Desde la pandemia, los ciudadanos somos cada vez más conscientes de cómo nuestras acciones y las de las organizaciones afectan e influyen al mundo que nos rodea, y como consecuencia, somos ahora más exigentes con los gobiernos para que estos actúen de manera ética y sostenible.
En respuesta a ello, muchos de los líderes gubernamentales han reforzado su compromiso con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. De hecho, el 70% de las organizaciones del sector público ya ha avanzado en su camino hacia la sostenibilidad, y el 61% afirma que es su principal prioridad para los próximos 5 años.
En este sentido, los gobiernos están poniendo todos sus esfuerzos para cumplir con sus objetivos ESG, empezando con el respeto a los derechos humanos y implantación de políticas de sostenibilidad medioambiental, pasando por la reducción de los costes operativos mediante una mayor eficiencia energética, hasta el establecimiento de leyes de privacidad y protección de datos.
Por todo ello, planteo a continuación tres iniciativas que los gobiernos deben aplicar para satisfacer las expectativas ESG de sus ciudadanos.
Supervisar las prácticas ESG de las distintas industrias
Actualmente, existen numerosos organismos gubernamentales cuya labor es supervisar el cumplimiento de las regulaciones de las distintas industrias dentro de su país. Como ejemplos tomamos la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, la Agencia de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, o la Agencia Europea de Medio Ambiente, todas ellas encargadas de hacer cumplir con la normativa medioambiental. En el caso de Canadá concretamente, su gobierno se encarga de recoger las emisiones de gases de efecto invernadero de todas las instalaciones que producen más de 10.000 toneladas de emisiones al año, como parte del Programa de Información sobre Gases de Efecto Invernadero (GHGRP).
Estos tipos de programas demandan la elaboración de numerosos informeslo que implica la recopilación y gestión de grandes cantidades de datos por parte del gobierno. La digitalización, las herramientas de recopilación automatizada, la inteligencia artificial y la analítica facilita a los organismos gestionar, medir, rastrear y supervisar estos datos, simplificando la supervisión de los criterios ESG.
Evaluar a sus proveedores
El tamaño del sector público varía de un país a otro, pero en general, tiene un gran peso en la economía de todos los países, por lo que para su funcionamiento se involucra a un gran número de contratistas y proveedores. En la elección de estos colaboradores, las administraciones tienen el deber de asegurarse de operan de una forma ética y sostenible, y que son ambiental y socialmente responsables. De hecho, estamos empezando a ver como los contratistas gubernamentales tienen que demostrar que no generan altas emociones de Gases de Efecto Invernadero.
En este contexto, Reino Unido publicó un Anuncio de Política de Adquisiciones en 2021 que tendrá en cuenta los Planes de Reducción de Carbono de los proveedores y su compromiso con la Red Cero en la adquisición de contratos del Gobierno central, con el objetivo de alcanzar emisiones de carbono cero neto para el año 2050. De esta forma, los gobiernos pueden garantizar que las empresas con las que trabajan contribuyan a los objetivos ESG, persiguiendo así un planeta más sostenible.
Sin embargo, encontrar, seleccionar e incorporar proveedores con prácticas éticas es un proceso laborioso y largo, por lo que la tecnología puede ser fundamental para establecer y mantener una cadena de suministro ética en el sector que permita conectar y gestionar digitalmente todos los datos en tiempo real, con una visibilidad clara del rendimiento, de las prácticas y las certificaciones de los socios. Esto permitiría a los distintos organismos asegurarse de que sus proveedores trabajan de manera responsable.
Evaluar a sus proveedores
Los gobiernos, además de evaluar a sus proveedores y regular y monitorear las actividades de las empresas en las distintas industrias, deben predicar con el ejemplo. Los organismos públicos disponen de una serie de activos que deben considerar a la hora de reducir sus emisiones, como las instalaciones propias o alquiladas, las flotas de vehículos y los centros de datos. Además, estos también tienen un número significativo de empleados que deben desplazarse diariamente con el transporte público o privado. Incluso aún hay muchas administraciones que siguen usando papel en sus actividades cotidianas, algo que contribuye significativamente al daño ambiental.
Para reducir estas emisiones, las administraciones tienen que ser capaces de controlar y medir múltiples aspectos relacionados con sus operaciones, como la cantidad de energía que emplean en sus centros de datos y edificios. En este caso, la tecnología no solo puede hacer un seguimiento y medir la producción, sino que también puede ayudar a las agencias y departamentos públicos a identificar una base de referencia con la que medir el progreso y demostrar los avances hacia los objetivos generales de ESG.
Otra forma en que los gobiernos pueden disminuir el daño ambiental es mediante la digitalización de procesos y formularios tangibles, especialmente los que están destinados al ciudadano. Nuestros clientes digitalizan ya más de 33.000 millones de transacciones al año, y esta reducción de papel permite ahorrar el equivalente a 6,5 millones de árboles y más de 922.000 toneladas de CO2e.
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