La Ley de Directrices Presupuestarias (LDO, por su sigla en portugués), aprobada por el Congreso brasileño en diciembre, excluye del cálculo a las unidades productivas de Petrobras y Eletrobras, empresas estatales de petróleo y electricidad, respectivamente.
La petrolera, que es actualmente objeto de investigaciones tras la denuncia de sistemáticos desvíos de dinero, tiene un gasto previsto de 143.000 millones de dólares, de los cuales 24.800 millones se destinarán a inversiones. La petrolera, la mayor de las empresas estatales brasileñas, no entra en el cálculo para la fijación de metas fiscales (así como la eléctrica) desde el año 2009, como ya era práctica para los bancos federales.
Ya para la empresa eléctrica, el cálculo estima 8.000 millones de dólares para todo el año, de los cuales se destinarán 12.8 millones a inversiones, 460 millones a inversiones financieras, 1114 millones para la amortización de deudas de largo plazo y 5.535 millones para gastos corrientes (allí incluídos gastos con personal, cargas sociales, materiales, productos y tributos).
Participación federal
Sumando las cuentas de los 27 estados federales y sus correspondientes municipios, el valor con que el Gobierno espera contar en términos de recaudación asciende a 23.700 millones de dólares, lo que representa un 1,2% de su PIB.
Tal estimación fue aprobada con vetos presidenciales, como el referido a la distribución de medicamentos, gastos destinados a pueblos indígenas, participación de Brasil en misiones de paz y acciones relativas a combatir la violencia contra la mujer, entre otros asuntos.
La LDO, además de fijar el superávit primario, establece las metas y prioridades de la administración pública federal, incluyendo en ello los gastos de capital para el ejercicio financiero correspondiente.
Sirve también como referencia para la elaboración del presupuesto anual propiamente dicho, determinando la política de aplicación en los diversos organismos, así como las planillas de los poderes, fundaciones, empresas públicas, sociedades mixtas y demás instituciones en que el poder público tenga la mayoría del capital societario.
En ese sentido, le permite al Gobierno utilizar partidas parciales (los denominados "duodécimos", que son doceavas partes del presupuesto anual) para cubrir eventuales desfasajes mensuales en el cumplimiento de sus metas. Tal licencia vale hasta la aprobación final del Presupuesto de la Nación por parte del Congreso, estimado para febrero-marzo.
El texto preliminar autoriza 1,2% de la renda corriente líquida (RCL) para solventar los gastos de los congresistas. Tal monto equivale a 3.464 millones de dólares, recursos que son transferidos .
Cuentas oscuras
Petrobras es, desde hace un año, materia de una investigación de alto impacto mediático iniciada por irregularidades en su fiscalización contable, financiera y presupuestaria. Denuncias de sobornos y utilización de sus fondos para financiar a políticos del Gobierno han abierto el capítulo más difícil por el que atraviesa el Partido de los Trabajadores (PT), en el poder desde hace 12 años.
En virtud de las denuncias, las acciones de la petrolera vienen mostrando una caída sostenida en la Bolsa de São Paulo, plaza que se ha convertido en usina de las peores noticias que los inversores podrían esperar: desde el 11% que cayeron el 30 de septiembre, los papeles ya no han vuelto a mostrar el optimismo de años anteriores.
En lo que va de enero de 2015, los títulos mostraron un comportamiento negativo del 6% en la primera semana, perdiendo otro 5,2% en la segunda semana, cayendo a 3,18 dólares por unidad el lunes 12.
La presidenta Dilma Rousseff, que ha iniciado su segundo turno de cuatro años en el comando del país, ha destacado que se propone dar lucha abierta a la corrupción, que "ofende y humilla a los trabajadores, a los empresarios y a los brasileños honestos". "Debe ser extirpada a partir de un gran pacto nacional en el que se deben comprometer todas las esferas de Gobierno", especificó en la ceremonia de asunción.
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