Gas Natural Fenosa ha entregado al Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, en sus siglas en inglés) toda la documentación necesaria para que se inicie el procedimiento arbitral contra Colombia con el objetivo de que se le devuelva Electrocaribe con un marco regulatorio viable y, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares (927 millones de euros. En la solicitud presentada, Gas Natural Fenosa se alza, entre otros, contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje, según explica la compañía. «La actitud del Gobierno de Colombia es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país», señala Gas Natural Fenosa en una nota. Y añade que «además, constituye un claro paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión. La OCDE promueve el desarrollo de una regulación estable que proteja el correcto funcionamiento de las inversiones en los países miembros, algo que no se está cumpliendo en Colombia en el caso de Electricaribe». No obstante, aclara que «a pesar de solicitar hoy el inicio del procedimiento arbitral, GAS NATURAL FENOSA mantiene su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes».
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