La sostenibilidad del sistema de pensiones público está en entredicho y los partidos políticos son conscientes de ello. Las cotizaciones a la Seguridad Social ya no son suficientes para mantener a una sociedad cada vez más envejecida, y la tasa de reposición ya se encuentra en los 1,75 puntos (por debajo de dos se considera al sistema deficitario). Sólo en 2016, la necesidad de financiación del sistema alcanzó los 19.000 millones de euros (1,7% del PIB). El desfase entre contribuciones y prestaciones se vio reflejado en la necesidad del Gobierno de sacar hasta 19.200 millones de la llamada ‘hucha de las pensiones’ en tan sólo un año, aunque desde 2012 se han sacado hasta 50.000 millones. Como respuesta al reto demográfico, el Parlamento ha creado una comisión específica para tratar el problema, la llamada Comisión del Pacto de Toledo, con el objetivo de reformar el sistema. En la misma línea, el grupo inició desde noviembre contactos con diversos agentes implicados en este ámbito para consensuar un informe de recomendaciones de cara a la futura propuesta parlamentaria. El objetivo inicial era tener un documento definitivo para el mes de abril, aunque se han excedido los plazos y no se podrá contar con el mismo antes del mes de junio. Entre los más de 30 invitados a aportar soluciones destacan: Luis María Linde: el gobernador del Banco de España puso el foco en la necesidad de fomentar la continuidad de la vida laboral más allá de la edad de jubilación, algo que debería verse con mayor naturalidad dado el aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, sugirió incentivar el papel de los planes de pensiones como mecanismo complementario a la prestación pública. Rafael Doménech: el responsable de Análisis Macroeconómico en BBVA Research defendió el mantenimiento de las reformas de 2011 y 2013, así como fomentar el ahorro complementario, sustituir las reducciones de cuota por otras políticas de empleo e introducir progresivamente un sistema de cuentas nocionales de reparto y un sistema de capitalización de adhesión voluntaria para trabajadores y empresarios. José Luis Escrivá: el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sostuvo que aplazar la reforma mantendrá el déficit de la Seguridad Social a niveles del 1,5% del PIB (en torno a 15.000 millones) hasta principios de la próxima década. Según Escrivá, las claves están en el aumento de la población y del nivel de empleo. Tomás Burgos: el secretario de Estado de la Seguridad Social destacó la importancia del papel de la ‘hucha de las pensiones’ tras la incorporación de hasta 1,2 millones de nuevas prestaciones para abonar. Este fondo cerró 2016 con un saldo ligeramente superior a los 15.000 millones, insuficiente para muchos expertos si quiere cumplir con los compromisos más allá de 2017. Por otro lado, propuso replantear la relación entre cotización y prestación para consensuar el espacio de solidaridad que debe tener el sistema contributivo. José Antonio Herce: el presidente del Foro de Expertos del ‘Instituto BBVA de Pensiones’ destacó la diferencia entre envejecimiento y longevidad, y propuso que la jubilación girará en torno al segundo concepto. Herce es partidario de ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, equiparar todos los regímenes de cotización e introducir un sistema de cuentas nocionales al estilo del de Suecia.
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