Dos semanas después de la venta de Banco Popular a Banco Santander, los accionistas minoritarios siguen organizándose para reclamar responsabilidades por la pérdida total de sus inversiones. La operación estuvo rodeada de polémica, después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarara a la entidad «inviable» y la Junta Única de Resolución (JUR) hiciera firme su ejecución, cuyo fruto fue la compra por Santander a un precio simbólico de 1 euro la acción. La resolución del JUR no se ha hecho pública y los accionistas y tenedores de deuda convertible siguen sin saber porqué se ha adoptado esta medida tan drástica y si era necesario sacrificar el 100% de su inversión para salvar a la entidad. Las reclamaciones se están dispersando por distintas vías (civil, penal y administrativa) y se dirigen a múltiples responsables. Algunas piden resarcir los daños al consejo de la época de Ángel Ron, anterior a la última y polémica ampliación de capital, otros al órgano presidido por Emilio Saracho, y otros directamente a las autoridades europeas y españolas por la resolución. Este es el caso de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) que ha sido la primera en presentar ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por: «no buscar soluciones alternativas a la pérdida total de la inversión de los accionistas», además de iniciar un proceso de subasta posterior que consideran que no fue «ni lo correcto ni lo transparente que en atención a la resolución debía haber sido; tampoco consiguió maximizar el precio y confirió ventajas a la entidad que a la postre resultó adjudicataria», recoge su comunicado. Por otro lado, la asociación espera que el Frob tenga que poner a disposición de la Audiencia el expediente administrativo que fundamentó la conocida resolución, al cual no se ha tenido acceso todavía. Otras entidades representativas de los pequeños accionistas están planteándose adoptar medidas similares contra las autoridades implicadas, como Aemec o Asufin. Según Adicae, una alternativa viable hubiese sido el canje de acciones a las acciones del Banco Santander. Además señala, que «no resulta lógico» que el pasado 7 de junio, día de la operación, el Santander comunicara a la CNMV que los recursos de clientes del Grupo Popular ascendieron a 96.000 millones en 2016 y eso «no fuera suficiente» para buscar soluciones alternativas. En la misma línea, recuerdan que la entidad realizó recientemente una ampliación de capital pese a «la dramática situación de sus cuentas», reflejando una «irresponsable actitud». Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vuelto a recordar en el Congreso que ni el Gobierno ni el Frob tuvieron competencias en el proceso de resolución y posterior venta de Banco Popular. Según sus palabras, no se pueden exigir responsabilidades porque el Fondo de Reestructuración sólo aplicó un plan dictado por la JUR, que además evitó «un concurso de acreedores y enormes problemas para los depositantes».
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