Hasta medio millar de accionistas de Banco Popular se han reunido con los representantes de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y los abogados del despacho Cremades-Calvo Sotelo para decidir que acción procesal iniciaban con vistas a recuperar sus inversiones. La organización ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción solicitando que se investigue la resolución. La opción escogida es una querella criminal que se dirigirá contra Emilio Saracho y el consejo encargado de dirigir Popular durante su última etapa, en la que también se suscribió la polémica ampliación de capital contra la que van dirigida la mayoría de los procedimientos. «Es un caso que vamos a ganar», señaló Javier Cremades, presidente del despacho y secretario general de la organización. Aemec reune actualmente a casi 7.000 accionistas de los 300.000 afectados tras la compra del banco por el Grupo Santander. El objetivo de la organización es lograr acuerdos individuales y extra judiciales para cada accionista con la entidad presidida por Ana Botín. Cremades aclaró en el encuentro que no se trata de un procedimiento contra Banco Santander, ya que este sólo se aprovecho de una «situación ventajosa». En la misma línea, los afectados presentarán un recurso por la vía administrativa para «impugnar la resolución europea» emitida por la Junta Única de Resolución (JUR). Esta ha sido la estrategia escogida también por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), que presentó la semana pasada ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). El objetivo de los accionistas es tener acceso a la polémica resolución para conocer los detalles los motivos que llevaron a la fulminante subasta y venta del Popular a un precio simbólico de un euro la acción. Dos semanas después de la venta de Banco Popular a Banco Santander, los accionistas minoritarios continúan organizándose para reclamar responsabilidades por la pérdida total de sus inversiones. La operación estuvo rodeada de polémica, después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarara a la entidad «inviable» y la Junta Única de Resolución (JUR) hiciera firme su ejecución, cuyo fruto fue la compra por Santander a un precio simbólico de 1 euro la acción. La resolución del JUR no se ha hecho pública y los accionistas y tenedores de deuda convertible siguen sin saber porqué se ha adoptado esta medida tan drástica y si era necesario sacrificar el 100% de su inversión para salvar a la entidad. Las reclamaciones se están dispersando por distintas vías (civil, penal y administrativa) y se dirigen a múltiples responsables. Algunas piden resarcir los daños al consejo de la época de Ángel Ron, anterior a la última y polémica ampliación de capital, otros al órgano presidido por Emilio Saracho, y otros directamente a las autoridades europeas y españolas por la resolución. Según Adicae, una alternativa viable hubiese sido el canje de acciones a las acciones del Banco Santander. Además señala, que «no resulta lógico» que el pasado 7 de junio, día de la operación, el Santander comunicara a la CNMV que los recursos de clientes del Grupo Popular ascendieron a 96.000 millones en 2016 y eso «no fuera suficiente» para buscar soluciones alternativas. En la misma línea, recuerdan que la entidad realizó recientemente una ampliación de capital pese a «la dramática situación de sus cuentas», reflejando una «irresponsable actitud». Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, volvió a recordar en el Congreso que ni el Gobierno ni el Frob tuvieron competencias en el proceso de resolución y posterior venta de Banco Popular. Según sus palabras, no se pueden exigir responsabilidades porque el Fondo de Reestructuración sólo aplicó un plan dictado por la JUR, que además evitó «un concurso de acreedores y enormes problemas para los depositantes».
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