Al margen de la creación de un Gobierno, a la formación del próximo Ejecutivo le corresponde atajar de manera inmediata el problema del Sistema Público de pensiones. Desde hace muchos años, este tema se ha debatido, y mucho, como una cuestión que conviene solucionar de manera inminente. En 2018, la Seguridad Social cerró con un déficit superior a los 18.000 millones de euros, el equivalente al 1,52% de PIB. Se trata de un agujero que, según las estimaciones de la profesora de la Universidad de Extremadura, Inmaculada D. Fabián, podría llegar a incrementarse hasta los 111.000 millones de euros en 2040.
Durante la presentación del libro ‘Pensiones del Futuro’, una obra colaborativa elaborada por el Instituto Santalucía que aborda la situación en Europa de las pensiones y su sostenibilidad, la considerada como una de las mayores expertas a nivel nacional en materia de prestación social ha destacado el sistema de cuentas nocionales como una vía para solventar la supervivencia de dicha prestación en España.
Según explica a DIRIGENTES, se trata de un sistema de reparto al igual que el actual. La diferencia radica en que mientras el existente es de prestación definida, las cuentas nocionales son de aportación definida. Esto quiere decir que si bien los cotizantes activos seguirán sufragando las pensiones de los jubilados en ese momento, el dinero que cada individuo aporte se iría acumulando en una cuenta virtual que sirve para calcular a posteriori la cantidad que corresponde a cada uno de los contribuyentes.
La cuantía de dicha pensión se estimaría en base al dinero que se ha aportado a este fondo, teniendo en cuenta el rendimiento neto de la economía. Llegado el momento de retiro, la cantidad correspondiente se calcularía en base al dinero aportado además de otros factores como la esperanza de vida media vigente y la revalorización anual de la misma. La idea pasa por diseñar una renta vitalicia.
La letra pequeña de dicho sistema radica en que su adopción es lenta, por lo que comenzaría a aplicarse para las personas que van a jubilarse en un período superior a los diez años, sobre todo, en sistemas que ya usan otra dinámica, como es el caso de España. En el momento actual, ya es utilizado en países como Suecia o Italia, así como en Letonia o Lituania con el que comenzaron desde un primer momento.
Otro de los inconvenientes que presenta este cálculo actuarial radica en que la cuantía recibida se reduce de manera significativa. Por lo que sería conveniente complementar con otros ingresos. No obstante, es perfectamente compatible con cualquier otra política redistributiva. La diferencia es que el resto de aportaciones deberían ser pagadas con ingresos procedentes de otro tipo de impuestos en lugar de cotizaciones.
En línea con esta propuesta también se encuentra el doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del citado libro, José Antonio Herce. A juicio de éste, la implantación de un sistema de cuentas nocionales obligaría a «imponer disciplina actuarial». Cabe recordar que el citado país helvético lo puso en marcha hace 25 años, por lo que el objetivo pasa por emular o, al menos, acercarse a los modelos adoptados por las economías europeas más avanzadas en este sentido.
Pese a ello, todos los ponentes que acudieron a la presentación del libro coinciden en que la problemática de las pensiones es una cuestión estructural y, por tanto, precisa de reformas más profundas para poder abordarla. Además de los citados anteriormente, también intervinieron la doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Luisa Fuster; el profesor en la London School of Economics de programas especializados en pensiones, Diego Valero, y el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz.
Precisamente Conde-Ruiz se ha mostrado muy crítico con la manera cortoplacista en la que se toman decisiones sobre esta materia. «Si dejas a los políticos que decidan va a llegar tarde y mal«, remarca al tiempo que incide en la necesidad de hacer todo lo posible por evitar llegar a la situación de países como Grecia, en el que se han tenido que aplicar varias reducciones a la cuantía de las prestaciones de jubilación.
RETRASAR LA EDAD, UN ARMA DE DOBLE FILO
«La edad de jubilación es lo que más se comenta. La respuesta es sí, debería ser mucho mayor. Cuando se diseñó el sistema de Seguridad Social se vivía mucho menos», precisa Herce. En una entrevista realizada con anterioridad a DIRIGENTES, el también director asociado de Afi Escuela de Finanzas, se mostró bastante crítico con este aspecto. Considera que posponer el retiro oficial hasta los 70 años de edad «ayudaría más que ningún otro ajuste concebible a las cuentas del Sistema Público de pensiones».
Eso sí, siempre teniendo en cuenta que en los trabajos que precisan de una menor formación para el puesto la incorporación al mercado laboral se produce a edades más tempranas y, por tanto, cumplen los 40 años de cotización mucho antes que en el caso de los cualificados, tal y como apostilla Inmaculada D. Fabián. Por tanto, en su opinión, resultaría inviable homogeneizar su extensión a todos los perfiles.
A una esperanza de vida que supera con creces la del resto de países de la OCDE -a excepción de Japón- hay que sumar la baja tasa de natalidad. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los seis primeros meses de 2018 España contabilizó la tasa más baja de natalidad desde que se tienen registros semestrales en 1941, con un total de 179.794 nacimientos.
Un rompecabezas al que hay que añadir las pensiones de viudedad como mecanismo para compensar la desigualdad entre hombres y mujeres y la brecha de género en la cuantía de esta prestación derivada de la tardía incorporación de las féminas al mundo laboral. El incremento de su participación en el trabajo pone sobre la mesa la utilidad de esta prestación, que si bien es compatible con la de trabajo, urge llevar a cabo una modificación de la misma, subrayan desde el Instituto Santalucía.
Economía>Nacional
