El sector financiero, que integra a las entidades bancarias, las gestoras de inversión y las aseguradoras, está en el centro de la estrategia legislativa para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como para la transición energética. Esto se da, no por que tenga una actividad intensiva en emisiones de carbono, como pueda pasar con otros sectores vitales para la economía, sino por su rol como vertebrador de la economía, canalizador de flujos de crédito e inversión y protector de los bienes y personas frente a los eventos climáticos.
Por ello, la importancia del sector financiero en la sostenibilidad, tanto medioambiental como social, tiene más que ver con su cadena de valor y con la red de agentes económicos con los que interactúa. Consciente de esto, el legislador se ha centrado en desarrollar todo un marco normativo que fomente la transparencia y la visión a largo plazo y ofrezca herramientas y parámetros comunes a nivel europeo para que las entidades del sector financiero puedan proporcionar información coherente y eficaz sobre la movilización de estos flujos de inversión necesarios para la transición hacia una economía sostenible, y ya no solo en términos medioambientales. El objetivo, al fin y al cabo, no es otro que de favorecer la integración de criterios ASG en la toma de decisiones de ahorro e inversión.
Este desarrollo normativo ha entrado ahora en una nueva fase. Con la mayoría de las regulaciones ya aprobadas, es el momento de implementar de manera efectiva la cascada de directivas, reglamentos y sus desarrollos normativos para consolidarlas en el sector. En esta fase de implementación, el principal reto para las entidades es el de integrar estas directrices en sus procesos y sistemas de decisión y control, que ya eran abundantes por la especial carga regulatoria que soporta el sector.
Con el fin de que dicha integración tenga éxito es importante que se otorgue, en primer lugar, tiempo para que las entidades puedan reunir y organizar los recursos necesarios para cumplir con las expectativas regulatorias; y, en segundo lugar, es vital que se proporcione seguridad jurídica a través de la configuración de normativas y obligaciones claras y concisas, que minimicen los riesgos derivados de la incertidumbre.
Además, los legisladores deben evitar exigencias excesivamente onerosas en materia de reporting, y ser sensibles a las dificultades que las entidades pueden tener para cumplir con estas. La obtención de los datos demandados por la normativa, por ejemplo, es una de las mayores dificultades ya que, actualmente, la inmensa mayoría de las entidades debe contar con proveedores de datos externos para poder disponer de la información necesaria. No obstante, ante la falta de una metodología única instaurada a nivel normativo, la variedad de modelos que utilizan estos proveedores puede llevar a diferentes resultados que, a su vez, pueden generar problemas de comparabilidad.
Así, para poder entender estos aspectos, es importante hacer un repaso de la normativa que está en vigor: SFDR, Green MiFID y la Taxonomía de la UE.
En el caso de SFDR, esta normativa actúa como catalizador de las inversiones sostenibles, ya que es vinculante para los participantes en el mercado financiero y para los asesores financieros, incrementando la transparencia en aspectos de sostenibilidad y facilitando la toma de decisiones orientadas hacia los factores ASG. También clasifica productos financieros en función de sus características sostenibles y obliga a incluir información sobre cómo se gestionan las Principales Incidencias Adversas (PIAS).
Por su parte, la inclusión de criterios de inversión sostenible en los test de idoneidad a través de la iniciativa Green MiFID busca asegurar que las preferencias ASG de los inversores minoristas sean tenidas en cuenta en las recomendaciones de servicios y productos de inversión.
Otro elemento catalizador es, sin duda, la taxonomía europea que, a través de la clasificación de las actividades como sostenibles mediante criterios claros, persigue la canalización de flujos de inversión hacia actividades más sostenibles, estableciendo, además, requisitos de divulgación para las entidades financieras.
Por otro lado, la recién aprobada CSRD, que modifica la Directiva sobre divulgación de información no financiera, tiene como objetivo armonizar los reportes de sostenibilidad de las compañías, comenzando por las Entidades de Interés Público y la gran empresa, pero abarcando, en un horizonte temporal más extenso, a las pymes. Esta introduce nuevos requisitos para los informes de sostenibilidad respecto de los que ya se venían publicando y obliga a llevar a cabo un análisis de doble materialidad que identifique los impactos, riesgos y oportunidades ligados a los temas ASG.
Otra pieza normativa de especial relevancia para la gestión de activos son las directrices de la ESMA sobre los nombres de los fondos ASG, que fijan los criterios para el uso de términos relacionados con la sostenibilidad en los nombres de fondos de inversión y pensiones, asegurando coherencia y transparencia.
En definitiva, las entidades financieras y aseguradoras estamos ante un largo y complejo camino hacia unas finanzas sostenibles y transparentes esencial para el futuro económico y ambiental La adopción de normativas como la SFDR, Green MiFID y la Taxonomía de la UE marcará un paso decisivo en esta dirección, al establecer un marco común que facilite la integración de criterios en materia de sostenibilidad, la comparabilidad y la transparencia.
En este contexto, desde FINRESP apostamos por la formación y concienciación en materia de finanzas sostenibles, la colaboración con el regulador y el supervisor para guiar y apoyar a las empresas en la implementación paulatina de estos estándares y asegurar que se conviertan en una realidad tangible y efectiva.
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