Los ministerios liderados por María Jesús Montero y Yolanda Díaz firman un convenio para luchar contra la estafa empresarial. El acuerdo pretende ampliar de este modo el cruce de datos que ya se viene haciendo desde 2011 entre ambas competencias, sumando medidas más automatizadas y compartimento de bases de datos para evitar así la manipulación de información por parte de las empresas y contribuyentes.
Ampliar la transmisión telemática de manera que el intercambio de datos sea totalmente automatizado, favorece la persecución del Gobierno contra las empresas y trabajadores que quieran estafar tanto a la Seguridad Social como a la Inspección de Trabajo. Uno de las grandes novedades del nuevo acuerdo, es que no será necesario que la información útil sea consentida por los principales actores. “El suministro de información regulado en el presente convenio no precisará la autorización de los interesados”, data el texto publicado por el BOE.
De este modo, será lo declarado por las empresas o personas físicas la información que se cruce entre la AEAT y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sin ser necesario que, previamente, se verifique para automatizarlo directamente. No solo lo legalmente revelado será cruzado, también serán los datos obtenidos de las actualizaciones de comprobación lo que se recoja entre ambas entidades, como puede ser inspecciones de Hacienda o lo comunicado recientemente por las empresas.
El fin justifica los medios
El texto aprobado expresa la conformidad tanto del Ministerio de Seguridad Social como de Trabajo ante la ampliación de las medidas para perseguir las empresas fraudulentas, especialmente aquellas que tienen tendencia a hacerlo en materia fiscal y de cara a la Seguridad Social.
“La identificación de aquellos fraudes a la Seguridad Social que puedan ser definidos como indicador adelantado de riesgo de fraude fiscal, así como de los fraudes finales que se puedan utilizar como indicador adelantado de riesgo de fraude en material de Seguridad Social.”, confirma el plan estratégico de la Agencia Tributaria.
La recaudación de información podrá plantear medidas previas a las sanciones además de medidas comunes para ambos ministerios, como “planes de control y coordinación funcional de su ejecución”.
Aplicación de la tecnología más puntera
En este proyecto se empleará la más sofisticada tecnología. Se pretende de este modo dar visibilidad a la digitalización en el sector público a través de la utilización de softwares y la apuesta por la ciberseguridad.
No obstante, aún no está definido si se utilizarán análisis de Big Data, inteligencia artificial o algoritmos derivados de listas negras para detectar el fraude en las empresas más propensas a delinquir. Aspecto que, por otro lado, entraría en un complejo debate al interferir directamente en la protección de datos de los ciudadanos.
Cada vez es más frecuente en la Agencia Tributaria la utilización de datos masivos para la captación de actividades delictivas por parte de las empresas. Sin embargo, de implementarse nuevas medidas no recogidas por el Plan de Control Tributario y Aduanero, se tendrán que desarrollar otras leyes que amparen los nuevos análisis puestos en práctica para regular y amparar estos datos de procedentes de personas fiscales.
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