El Gobierno central y los de las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo este jueves para dar luz verde al Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2018. El plan será ahora remitido al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva en las próximas semanas. La aprobación del proyecto de política laboral para el próximo ejercicio ha corrido a cargo de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, un órgano integrado por representantes del Ministerio de Empleo y de las consejerías autonómicas del ramo. Se trata de la primera ocasión en la que sale adelante un Plan de Política de Empleo antes de que comience el ejercicio de su puesta en marcha, dentro de los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. El PAPE es el instrumento para la programación y coordinación de las políticas de activación para el empleo que pondrán en marcha las comunidades y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y se financiará a través de los fondos públicos que distribuirá el regulador estatal de empleo. El plan de empleo para 2018 incluye 79 servicios y programas más que en la edición del año pasado, lo que supone un alza del 14,7% hasta un total de 617. Además, fijará una serie de objetivos, en línea con los que establece la Red de Servicios Públicos de la Unión Europea para evaluar el desempeño de estos programas y servicios. Empleo ha señalado que los objetivos estratégicos para el PAPE de 2018 incluyen la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, el apoyo al empleo como instrumento de inclusión social, la inserción de parados de larga duración y mayores de 55 años, el impulso a la formación y la mejora el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo, entre otros. Estos objetivos estratégicos y los objetivos estructurales serán evaluados a través de 27 indicadores y 44 componentes. Como en años anteriores, la distribución de fondos se hará teniendo en cuenta los resultados de los ejercicios previos. La Conferencia Sectorial también ha abordado este jueves la participación de las comunidades en el Programa de Aprendizaje Mutuo e Intercambio de Buenas Prácticas entre Servicios Públicos de Empleo, que busca establecer un diálogo permanente entre los distintos servicios autonómicos y favorecer el intercambio de información y experiencias que mejoren la eficacia y eficiencia de los mismos.
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