La existencia de los Fondos de Inversión y de los Planes de Pensiones ha permitido el acceso del ahorrador minorista a los mercados financieros, al tiempo que ha mejorado el conocimiento financiero en los últimos años. También es justo reconocer que la normativa, que ha ido intensificando la información y transparencia en los productos financieros, y las entidades comercializadoras, han ido consiguiendo que los estigmas que acompañaban al ahorrador medio español (cortoplacista, muy conservador, elevada aversión al riesgo, etc.) vayan desapareciendo. Los Fondos con una gestión profesional, y supervisados por organismos públicos, con una tributación eficiente y con diversificación obligatoria de riesgos, permiten la inversión en mercados financieros para los que un inversor minorista tendría vetado el acceso. Además, permiten ajustar sus carteras al perfil de cada partícipe, tanto en lo referente a riesgo como a horizonte de inversión, adaptándose siempre a las circunstancias personales de cada ahorrador. Respecto al ahorro para la jubilación, la existencia de un modelo de tres pilares debe ser la idea sobre la que pivoten las medidas regulatorias, que pasan por reforzar no solo el sistema de reparto y el de Planes de Pensiones en las empresas, sino también el de los Planes personales. Hay dos medidas de carácter muy urgente que deberían aprobarse lo antes posible:
– Una, el fijar límites al rescate sin condiciones en 2025 de los Planes de Pensiones para aquellas aportaciones que tengan más de diez años de antigüedad. Los supuestos excepcionales de liquidez existentes, que se han ido ampliando progresivamente, hacen innecesario este rescate libre y , además, podría originar problemas en la estabilidad de los mercados, en la gestión de la liquidez de los Fondos, en la rentabilidad de los partícipes, o en el nivel de vida de los futuros jubilados.
– Y otra, reconstituir los límites de aportación a Planes de Pensiones individuales, recuperando el límite de aportación a Planes Individuales (8.000 euros hasta 2020, y 1.500 euros desde 2022), que en las tres Diputaciones Forales vascas está fijado en 5.000 euros, además de ampliarse para cónyuges y personas de determinada edad. En 2021 y 2022, las familias han dejado de ahorrar en Planes de Pensiones 4.400 millones de euros en Planes Individuales y serán 2.600 millones menos cada año.
Adicionalmente, otras medidas deberían ponerse en práctica que impulsen el ahorro para la jubilación como son:
– Mejorar la fiscalidad en el rescate de los Planes de Pensiones, para tributar como rendimiento de capital los rendimientos generados.
– Impulsar los Fondos de Pensiones en las empresas para que sean un complemento real al sistema de reparto, complementando la nueva Ley 12/2022 de impulso de Planes de Pensiones de empresa, para recuperar íntegramente los estímulos fiscales que tenían las empresas, y para establecer estímulos no fiscales, y así facilitar en la negociación colectiva la constitución de los Planes de Pensiones: incorporar la obligación de negociar (que no de acordar) en convenio colectivo, la promoción de Planes de Pensiones; flexibilizar las aportaciones al Plan de Pensiones de las Administraciones y empresas públicas; dar puntos adicionales en las contrataciones públicas a empresas que tengan constituido un Plan de Pensiones, o informar a los trabajadores de la pensión estimada de la Seguridad Social, aprobado en 2011 por el Parlamento y aún pendiente de desarrollarse.
– Estimular el trasvase del ahorro inmobiliario de las familias españolas al ahorro financiero destinado a la jubilación fomentando las rentas financiaras a largo plazo.
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