Para el Gobierno de Brasil, que busca prácticamente obtener “agua de las piedras“ para poder reactivar la economía, la noticia de que miles de brasileños no se presentan desde 2015 a cobrar indemnizaciones que el Estado les debe es como un anuncio de lluvia en plena sequía. Esos pagos corresponden a liquidaciones por demandas al poder público en causas de diversa naturaleza (deudas salariales, pensiones, jubilaciones, indemnizaciones por muerte o invalidez o por desapropiación de bienes) en que el querellante ha sido beneficiado por un fallo judicial. Ocurre que los procesos suelen demorar muchos años y por ello los autores de la demanda o bien se olvidan o bien desisten -o incluso fallecen- y la indemnización queda allí disponible por un plazo de dos años, pasados los cuales los fondos vuelven a dominio estatal. Desde 2015, la suma acumulada debido a la no presentación de sus beneficiarios llegó a más de 2500 millones de dólares. Este lunes 27, el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, dijo que utilizará esos fondos para el Presupuesto 2017 y para intentar cumplir la meta fiscal de este año. Déficit histórico Por tercer año consecutivo, el país registra un déficit primario, esta vez alcanzando el récord histórico de 50.255 millones de dólares, un equivalente al 2,4% de su PIB. El Gobierno debió cortar unos 1.200 millones para no elevar aún más las cuentas. El déficit fiscal de Brasil en 2015 fue del 1,8% de su PIB, subiendo a 2,4% en 2016, un equivalente a 50.255 millones de dólares, el peor resultado desde 2002, indicó el Banco Central. Este año, el déficit llega a 18.500 millones de dólares. Ese valor surge del hecho de que la nueva previsión para el crecimiento del PIB es de un 0,5%, es decir un tercio de lo previsto en el cálculo que el mismo Gobierno había hecho al inicio del trimestre (1,6%). Para cubrir esos números, además de nuevas tasas (entre ellas estaría el aumento del gravamen a las transacciones financieras y la eliminación de exenciones en tributos laborales), ahora el Gobierno podrá contar con el auxilio de esos fondos indemnizatorios sin cobrar. La Justicia debe convocar a los beneficiarios y anunciar finalmente la suma que quedará disponible tras la efectiva liquidación de aquellos que aún estén dentro del plazo para cobrar su indemnización.
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