La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento sin precedentes contra Polonia que podría acabar con la retirada de sus derechos de voto en el Consejo. Bruselas considera que, tras la reforma de la Justicia, el país está tomando una deriva que pone en peligro el Estado de Derecho, por lo que pide que se aplique el artículo 7 de los Tratados de la Unión. Se trata de la primera vez que se aprueba un proceso de sanciones de este tipo por poner en peligro los valores de la UE. Este artículo, que habla de la independencia de poderes, es precisamente el que el entorno del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, menciona en sus discursos para que sea de aplicación en España, aunque el Ejecutivo comunitario ya ha dejado claro en varias ocasiones que en el caso español no se dan las circunstancias para activarlo. Sin embargo, sí se dan en Polonia. El vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, señaló en rueda de prensa que las decisiones aprobadas por el Gobierno polaco «ponen en tela de juicio la separación de poderes y la independencia judicial en el país». El partido Ley y Justicia impulsaba dos proyectos de Ley que otorgan todo el poder al Ejecutivo en el control y nombramiento del Consejo Nacional de la Judicatura. Para la Comisión, el riesgo de romper el Estado de Derecho «es claro» y por ello insta al Consejo Europeo a tomar una decisión urgente al respecto. «Todo el sistema judicial se ve afectado. El resultado es que la mayoría que gobierna interfiere en la composición y administración de estas autoridades haciendo que la independencia judicial sea prácticamente inexistente…No se trata aquí solo de Polonia, sino de toda la Unión Europea…No había otra opción. La situación no solo no ha mejorado sino que ha empeorado», sentenciaba Timmermans. Nunca antes un Estado miembro se había enfrentado a la posibilidad de quedarse sin voz ni voto en el club europeo. Ahora la decisión final pasaría en primer lugar al Parlamento Europeo y acto seguido al resto de países europeos. Sin embargo, el proceso se dilataría mucho en el tiempo y no parece fácil que el Consejo adopte una decisión por unanimidad porque países como Hungría ya han anunciado que bloquearán la decisión. Por otro lado, la Comisión ha lanzado también un mensaje conciliador si el Gobierno ultraconservador polaco da marcha atrás. Está dispuesta a dar un margen de tres meses y si ve una actitud receptiva podría volver a analizar el caso si hay cambios. Después de las fiestas navideñas, el próximo 9 de enero el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiene previsto reunirse con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, para tratar el tema. Morawiecki ha defendido la actuación del Gobierno y ha insistido en que su país vela por el Estado de Derecho de igual forma que lo hace la Unión Europea. En este sentido, se mostró confiado en que se pueda encontrar un equilibrio entre las medidas nacionales adoptadas y la relación con la UE. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco se ha mostrado abierto al diálogo con la Comisión Europea, pero advierte de que no aceptará opiniones unilaterales. Además, señaló que la labor del Gobierno es continuar con el programa por el que votaron los ciudadanos en el que se incluye la reforma del sistema judicial.
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