La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha decidido investigar al ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps por presuntas irregularidades en los contratos para celebrar Grandes Premios de Fórmula 1 en Valencia, unas carreras que costaron millones de euros a la Comunidad.
El TSJ asume así la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra Camps, así como contra el ex piloto de motociclismo, Jorge Martínez ‘Aspar’ como responsable de la empresa Valmor, y la ex consellera Lola Johnson, autoridad del gobierno valenciano en las contrataciones.
Según el auto, que cuenta con tres días de recurso de súplica, del relato hecho por el fiscal se desprende "la posibilidad razonable" de que los acontecimientos narrados hayan ocurrido con la participación de Camps y que estos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
Según el escrito del fiscal, Camps, tras negociar la celebración de un Gran Premio de F1 en Valencia, pidió en 2007 a Aspar, que era íntimo amigo suyo, que "crease una sociedad para poder organizar la prueba". Esta compañía, denominada Valmor Sports, no contaba con los medios suficientes para organizar el evento, por lo que presuntamente suscribió un acuerdo con una empresa pública de la Comunidad Valenciana, Circuito del Motor, que se encargaría de organizarlo y a la que Valmor nunca pagó por los servicios prestados. Para el fiscal, todos estos hechos, que incluyen una apariencia de contrato entre particulares cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento, constituyen un delito de prevaricación administrativa y malversación.
Tras el GP celebrado en 2008, Valmor acudió a la Generalitat para volver a pedir ayuda económica. Ahí fue donde Camps volvió a asumir el papel protagonista en el contrato entre esta firma y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), quien el 31 de julio de 2009 asumió a única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares obligatorio para la celebración del Gran Premio "sin asumir ningún derecho".
La Fiscalía cree que el ex presidente nunca miró por los intereses públicos cuando suscribió el contrato con la empresa privada Valmor. De hecho, esta compañía, participada por Aspar, Bancaja y Fernando Roig, máximo accionista del C.F. Villareal y dueño del 11% de Mercadona, compañía fundada por su hermano Juan Roig, se creó sólo un mes antes de la celebración del contrato.
Como conclusión, la querella sostiene que el Gran Premio de la Fórmula 1 corrió siempre a cargo de las arcas de la Generalitat Valenciana, nunca de Valmor.
Con el paso de los años Valmor acumuló una deuda de 14 millones de euros, que si se suma a la que mantenía con terceros, roza los 50 millones de euros. En 2012 Valmor era inviable y Alberto Fabra autorizó su compra, aunque el origen de este trasvase de acciones se sitúa en el acuerdo al que llegaron un año antes Camps y Bernie Eccleston, entonces presidente y directo ejecutivo para prorrogar la carrera.
El rescate de Valmor Sport se cerró por un euro y la deuda se convirtió entonces en pública, es decir, la ha tenido que pagar la Comunidad Valenciana, y una cláusula estratégicamente diseñada impidió exigir responsabilidades a los empresarios que crearon la compañía.
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