Ante la inviabilidad del proyecto Cástor, por los terremotos que provocaba en la costa de Castellón, la compañía Escal UGS, controlada por ACS en un 66,7%, renunció en julio pasado a la concesión de explotación del almacén y reclamó los 1.600 millones de euros (1.400 de la inversión más gastos operativos) que costó al Estado.
El Gobierno indemnizar con 1.350 millones a la compañía a través de la del endeudamiento de Enagás Transporte. La gasista pública se ha endeudado con un préstamo a 30 años que será pagado año tras año, a costa de repercutir el coste en la factura de los consumidores.
El Alto Tribunal ha decidido admitir a trámite los recursos presentados PSOE, el Parlamento catalán y la Generalitat de Cataluña por el decretazo que aprobó el Ejecutivo de Rajoy para tramitar la indemnización.
El proyecto de Castor también está siendo investigado por la Fiscalía pero no por el pago, sino por su construcción. Las investigaciones apuntan que la tramitación del almacén de gas pudo haber vulnerado la ley. La acusación va directa contra el Ministerio de Medio Ambiente que autorizó el proyecto durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la empresa impulsora de la plataforma, Escal, participada mayoritariamente por ACS y el Instituto Geológico y Minero.
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