Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están apunto de lograr ‘luz verde’ en el Congreso, después de que el diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, confirmara su apoyo tras un lucrativo acuerdo para las islas. El Ejecutivo cerró así una larga ronda de negociaciones para obtener los 176 apoyos que les permitirán aprobar las cuentas en el Parlamento, donde no tiene mayoría absoluta. Los últimos meses han estado plagados de rondas de contactos y pre acuerdos con el objetivo de garantizar los apoyos frente a las enmiendas a la totalidad de la oposición, donde ha primado el diálogo sí, pero también las numerosas concesiones para aquellas autonomías que han tenido la suerte de contar con representación directa en el Congreso. La ecuación es la siguiente: el Partido Popular cuenta con 137 votos en la Cámara, incluyendo los de UPN y Foro Asturias, Ciudadanos cuenta con 32 diputados, el PNV suma cinco más y Nueva Canaria tan sólo uno. En total, el Gobierno ha tenido que ceder unos 10.200 millones de las cuentas para lograr el mínimo, además de numerosas concesiones con previsible impacto en el futuro. El primero en dar su ‘sí’ fue Ciudadanos. Tras los 3.800 millones comprometido en el acuerdo de investidura, el partido de Albert Rivera logró sacar hasta 2.000 millones ‘extra’ para gasto social en los PGE. En concreto, el Ejecutivo se comprometió a elevar en un 14% la inversión en erradicar la violencia de genero, en un 10% la partida de dependencia y destinar 340 millones a combatir la pobreza infantil. Además, la formación naranja sigue negociando otras medidas con un impacto estimado de otros 2.000 millones. Si se suman los casi 4.000 millones que el PP está dispuesto a reorganizar para garantizar el apoyo de sus 32 diputados, el coste por cada voto rondaría los 125 millones. El acuerdo con el PNV fue el segundo en lograrse, apenas unos días antes del inicio del debate en el Congreso. La formación vasca cedió sus cinco diputados a cambio de un ventajoso intercambio: el Gobierno devolverá hasta 1.400 millones del Cupo en los próximos cinco años (tan sólo 200 millones por debajo de lo que solicitaba el PNV) y se rebajará su cuantía a partir de este año en 569 millones, hasta los 956 millones anuales. El Cupo es el dinero que el fuero vasco paga al Estado por las competencias no transferidas. Desde 1982 la cuantía está fijada en el 6,24% de las partidas de gasto autonómicas. La última cantidad pactada fue la de 2007 con un acuerdo de pago de 1.565 millones de euros, pero desde entonces el Gobierno central y el vasco no han conseguido ponerse de acuerdo para renovarla. Por la liquidación de los cupos de los dos últimos quinquenios, el Ejecutivo vasco pedía una compensación de 1.600 millones. Tras el acuerdo alcanzado con Moncloa, Euskadi apenas pagará 800 millones en este concepto durante 2017, ya que se compensa el primer 10%, y esta cuantía irá disminuyendo en los próximos cinco años (15%-20%-25%-30%). Por otro lado, el PNV logró también un compromiso del Gobierno de invertir hasta 4.000 millones en infraestructuras para Euskadi (3.380 millones en la ‘Y vasca’), una rebaja de la tarifa eléctrica para las empresas con vistas a mejorar la competitividad industrial (se estima un ahorro de 50 millones) y el fomento del coche eléctrico y de la inversión en I+D+i mediante otras partidas presupuestarias. En total, el paquete de medidas obtenido por la formación vasca ronda los 6.000 millones, lo que equivale a unos 1.200 millones por cada uno de sus cinco votos. El último apoyo logrado, ‘in extremis’, fue el de Nueva Canaria. Pedro Quevedo, único diputado de la formación en la Cámara, aseguró su voto a cambio de 204 millones en medidas favorables para las islas. En concreto, el Gobierno garantizó un incremento de la bonificaciones para el transporte intra insular de pasajeros hasta el 75% y del 100% para las mercancías. También aseguró la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes y la entrada en vigor del nuevo sistema electoral en 2019. Además, aseguró una inversión de 21 millones ‘extra’ en empleo, 12 millones en políticas sociales y 44 millones en carreteras, además de una reforma en el sistema de financiación autonómico donde se dejarán de contabilizar los ingresos que se destinan al REF. Desde el pasado lunes y hasta este miércoles, en el Congreso de los Diputados se debatirán y votarán casi 5.300 enmiendas parciales que en su mayoría habían sido presentadas por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís. También los ministros comparecerán en el Pleno para defender los presupuestos de sus departamentos. Una vez que se vote la ponencia y dictamen final, la tramitación de las cuentas públicas continuará en el Senado, donde ya sí, el PP cuenta con mayoría absoluta.
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