La compañía Escal UGS, controlada por ACS en un 66,7%, renunció en julio pasado a la concesión de explotación del almacén y reclamó los 1.600 millones de euros (1.400 de la inversión más gastos operativos) que costó.
El Gobierno ha decidido indemnizar a la compañía a través de la del endeudamiento de Enagás Transporte. La gasista pública se ha endeudado con un préstamo a 30 años que será pagado año tras año, a costa de repercutir el coste en la factura de los consumidores.
El consorcio de liderado por ACS tenía derecho a devolver la concesión, otorgada en 2008, durante un plazo de 25 años y a cobrar el valor neto contable. El Gobierno incluso recurrió al Tribunal Supremo para evitar el pago pero en octubre rechazo la petición de anular la indemnización. El proyecto Castor ha costado 1.702 millones. Según el Gobierno, cuesta más mantenerlo activo, que cerrarlo después de tan ruinosa inversión.
Al Ejecutivo le quedaba dos opciones: sacar la partida de los presupuestos de 2015 o la opción que ha tomado repercutirlo a los consumidores en la factura, endeudándose la empresa pública, una fórmula parecida a la que se ha utilizado con el sistema eléctrico. El déficit acumulado se ha colocado a los bancos en forma de deuda y se va pagando poco a poco en la factura.
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