Medio millón de hogares españoles, clientes de Endesa, cuentan con bono social, una ayuda que reduce entre un 40 y un 80% la factura de la luz sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Son más de 130.000 familias más que a cierre de 2020, el año en que estalló la pandemia. El paso del coronavirus y la posterior crisis energética –agravada por la guerra de Ucrania–, han impulsado el crecimiento de los beneficiarios del bono social, que se ha visto reforzado por las renovaciones automáticas que se están haciendo desde que entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2022 y por el asesoramiento proactivo a organismos e instituciones que se está haciendo desde la compañía, que en 2022 redobló sus esfuerzos.
Hoy en día ya son alrededor de 275.000 familias las que se han beneficiado de la renovación automática del bono social en toda España –salvo las familias numerosas, que están sujetas a la vigencia de su carné–, por lo que no tienen que hacer ningún trámite si siguen cumpliendo los mismos requisitos de asignación definidos por el Gobierno: Endesa hace directamente la comprobación con el Ministerio de Transición Ecológica para saber si el hogar en cuestión puede seguir percibiendo el descuento en la factura eléctrica.
Esta es una de las medidas que se implantaron en abril del año pasado y que ayuda al crecimiento del colectivo beneficiario del bono social, pues evita que se tenga que tramitar una solicitud de renovación cada dos años como pasaba hasta entonces. Aquellos que gozaban de la ayuda antes de la entrada en vigor de la normativa tienen una prórroga automática de dos años tras finalizar el período de percepción. Dos meses antes del siguiente vencimiento, Endesa les avisa para que puedan presentar la solicitud y la nueva documentación acreditativa de acuerdo con los nuevos requisitos. A partir de ese momento las renovaciones también pasan a ser automáticas cada dos años, siempre que se cumplan las condiciones.
Por otro lado, Endesa incrementó en un 52% las actuaciones encaminadas al asesoramiento proactivo a organismos e instituciones con el objetivo de llegar a todas las entidades cercanas al consumidor final e informarles de la existencia del bono social, los cambios normativos y cómo solicitarlo. En concreto, la energética realizó hasta un total de 367 actuaciones de asesoramiento a asociaciones, gobiernos autonómicos, ayuntamientos o servicios sociales, entre otros.
En este sentido, Endesa insta a todas las personas que crean que pueden beneficiarse del bono social a solicitarlo. Cuando la compañía recibe la documentación, un equipo especializado se encarga de atender las solicitudes y valida si se han recibido todos los documentos necesarios. Si falta algún documento se informa al cliente y, después, cuando la solicitud está completa, se envía al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el cual comprueba el cumplimiento de los requisitos económicos. Finalmente, la energética es la encargada de comunicar al cliente la resolución del Ministerio.
Las cifras, en detalle
A cierre del primer trimestre de 2023, son casi 505.000 los clientes de Endesa que están adheridos al bono social, alrededor de 32.300 más que el 31 de diciembre de 2022 y 84.000 más que a cierre de 2021. Si se compara con la cifra de finales de 2020, el crecimiento es notable: hoy en día hay casi 134.000 beneficiarios más, o lo que es lo mismo, el incremento en dos años ha sido de un 36%.
Del total de hogares beneficiados con bono social a cierre de trimestre, cerca de 230.500 son familias vulnerables y cuentan con una rebaja del 65% en su factura de consumo eléctrico (o del 40% si tienen el bono temporal de justicia energética), mientras que más de 274.300 son vulnerables severas y se benefician de una reducción en factura del 80%. Dichos descuentos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.
En cuanto a su tipología, el 64,9% son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, el 27,9% son familias numerosas, el 5,2% son pensionistas, el 0,7% son beneficiarios del ingreso mínimo vital y el 1,3% hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética.
Este último colectivo corresponde con la nueva categoría que el Gobierno impulsó a finales de octubre y que se regula en el Real Decreto Ley 18/2022: el bono social de justicia energética. Esta nueva categoría, a la que de momento se han acogido pocos clientes, supone la aplicación de un descuento del 40% sobre el PVPC y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Pueden acogerse para su vivienda habitual las personas que tengan una renta igual o inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas. A modo de ejemplo, en 2023 podrán acogerse al nuevo bono de justicia energética un adulto con una renta de hasta 16.800 euros anuales o una familia de cuatro miembros (dos adultos y dos menores) con una renta de hasta 27.720 euros anuales. Del total de los clientes, el 46% son considerados vulnerables por el Ministerio y el 54% son vulnerables severos.
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