El peso del empleo público en España sobre la fuerza laboral total (16,9%) se sitúa por debajo de la media de la OCDE (21%), tras alcanzar sus máximos históricos en plena crisis económica (en 2012 supuso el 18% de la población empleada), según recoge el informe «El empleo público en España» del IEE. En términos absolutos, durante el tercer trimestre de 2016, de los 18,5 millones de personas ocupadas, en torno a 3,3 millones eran trabajadores de las Administraciones. Sin embargo, en línea con la tendencia del sector privado, España tiene la segunda tasa de temporalidad más alta de la UE, tan sólo superada por Polonia. El 78% de los empleados públicos tienen un vínculo permanente, es decir, son funcionarios de carrera o personal con contrato indefinido. De hecho, el porcentaje de contratos fijos se incrementó hasta seis puntos porcentuales entre 2008 y 2012. Sin embargo, una de las medidas de austeridad implementadas durante la recesión, después de un primer ajuste sobre los colectivos temporales, fue la prohibición de incorporar personal con vinculación indefinida (paralizó la convocatoria de plazas funcionariales). Aunque todos los países del entorno llevaron a cabo medidas de contención similares, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), España ha sido el país europeo en el que se ha producido un incremento de la temporalidad más pronunciado durante los últimos años. La Administración Estatal es la que mayores tasas de indefinidos mantiene en su estructura, hasta un 96% del total. Por categorías, la mayor parte de estos empleados son funcionarios de carrera (71%), mientras que el resto es personal laboral (24%). Pero esta es la excepción frente al resto de Administraciones, ya que la media baja de forma acusada por el peso de los temporales en las CCAA, Administraciones Locales y universidades. Este miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) firmaron un acuerdo para la mejora del empleo público, cuyo principal objetivo es reducir la tasa de temporalidad hasta el 8% en tres años. Como resultado de este proceso, unas 250.000 plazas se verán consolidadas (España contabiliza hasta 300.000 interinos según el MINHAP), por lo que se reduciría la temporalidad en un 90%. Las principales Administraciones afectadas serán la sanidad, la educación y la justicia, que mantienen tasas de temporalidad de entre el 20-30%.
hemeroteca
