El debilitamiento de nuestro tejido empresarial a raíz de la pandemia provocó en 2020 que el Gobierno fiscalizara las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de nuestro país. Las sucesivas crisis provocadas por la ruptura de las cadenas de suministro y la guerra de Ucrania han obligado al Ejecutivo a prolongar estas medidas. Pese a este proteccionismo puntual, el grupo saudí STC compró el 4,9% del capital de Telefónica y se aseguró la posibilidad de adquirir otro 5% a inicios de septiembre.
Para tratar este asunto, el Consejo General de Economistas de España (CGE) ha realizado un coloquio entre dos de los mayores expertos en la materia: Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball; y Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia, y director del Máster de Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la UCM, además de uno los mejores abogados españoles especializados en Derecho Público según las Consultoras Chambers & Partners y Best Lawyers de evaluación de servicios legales. Este debate ha sido moderado por el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón, y por la secretaria técnica de Economistas Asesores Financieros (EAF-CGE), Victoria Nombela; y presidido por el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.
En su intervención, Valentín Pich ha hecho un resumen de la Nota Informativa del Servicio de Estudios del CGE (que se adjunta), en cuyo apartado 4 se explica el estado de la cuestión de la compra por parte de Saudí Telecom Company (STC) de un 4,9% de las acciones de Telefónica y la posibilidad de adquirir un 5% adicional mediante instrumentos financieros. En dicha nota informativa se pone de manifiesto que la operación de Telefónica, al no llegar STC a la propiedad del 10% del capital social, no se puede considerar una inversión extranjera directa, por lo que, en principio, no necesitaría la autorización previa, salvo que el Gobierno en funciones entienda que la inversión afecte a actividades relacionadas con el ejercicio de poder público, con la defensa nacional, o actividades que afecten o puedan afectar al orden público, seguridad pública o salud pública.
Pich ha declarado que la entrada en el accionariado de Telefónica por parte del grupo saudí STC “ha puesto de manifiesto las flaquezas de la actual legislación en esta materia” y ha abogado por “una legislación certera que no permita la arbitrariedad en las decisiones y que, a su vez, prime la protección de nuestros sectores estratégicos, especialmente de aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia en los tiempos actuales”.
Antes de dar paso al coloquio, José Antonio Galdón ha destacado “la importancia de reflexionar sobre el control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas, por la extraordinaria incidencia que pueden tener en nuestra autonomía estratégica y funcional, y, por tanto, en el modelo de desarrollo social y económico que queremos”.
Legislación sobre inversiones extranjeras
La primera cuestión planteada a los debatientes es si estos consideran la normativa vigente sobre inversiones extranjeras responde al principio de proporcionalidad o creen que habría que endurecer los límites a la entrada de capital foráneo. Para Jordi Alberich, “la legislación es un elemento clave, pero no el único instrumento al servicio del fin antes señalado, como bien se deduce del caso Celsa. El previsible endurecimiento responde a dinámicas globales a favor de un mayor proteccionismo y debe resultar coherente con las posibles nuevas iniciativas que puede emprender la Comisión Europea en los meses inmediatos.” Por su parte, Juan de la Cruz ha criticado modelo de regulación actual, calificándolo como “anacrónico”. Según de la Cruz, “no podemos limitarnos a defender nuestras industrias estratégicas, es imprescindible que fortalezcamos nuestras capacidades industriales para poder producir los bienes y servicios esenciales en el marco de una autonomía estratégica abierta”. En esta línea, el director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia ha pedido aprobar una nueva legislación al respecto.
En segundo lugar, se ha planteado si la regulación española es equiparable a la de los países de nuestro entorno. Para Jordi Alberich, “las regulaciones en el seno de la Unión Europea (UE) son similares y tenderán a converger aún más, acorde con la propia legislación comunitaria”. El vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball ha ido más allá, pidiendo una asimilación de las legislaciones a nivel extracomunitario. En cambio, Juan de la cruz considera “mejores” las prácticas de regulación de otros países, que tienen claro cuáles son sus industrias estratégicas y cómo protegerlas mediante regulaciones. De la Cruz considera que a España le hace falta “una visión estratégica que aporte coherencia y visión de conjunto” y ha puesto de ejemplo la industria nuclear francesa y la política estratégica llevada a cabo por el país galo desde la crisis del petróleo de los 70 hasta la actualidad.
A continuación, los moderadores han preguntado por los criterios empleados para definir el catálogo de sectores sujetos a autorización para su entrada en España y si estos están bien tasados. Según Jordi Alberich, resulta suficiente por el alto de grado de discrecionalidad que se otorga a las autoridades públicas. En esta ocasión, Juan de la Cruz ha concordado, manifestando que “en líneas generales, las normas vigentes protegen todas las infraestructuras y servicios críticos, estratégicos o esenciales; por lo que, en principio, el catálogo de sectores protegidos está bien definido.
Proteccionismo y atracción de inversiones en un mundo globalizado
En cuarto lugar, se ha preguntado a los participantes por la falta de reciprocidad a la hora de aplicar políticas proteccionistas entre países y si no se debería aplicar. Jordi Alberich ve con buenos ojos los criterios de reciprocidad “en la medida en que se da una creciente convergencia en el nivel de desarrollo de los países inversores”. Como ejemplo, Alberich ha señalado a China que ha gozado de especial consideración durante décadas, pero que hoy en día “carece de sentido seguir tolerando dinámicas desequilibradas en favor de un país que aspira al liderazgo global”. Juan de la Cruz discrepa de esta idea, ya que “la dificultad de las circunstancias actuales no me parece que aconsejen la reciprocidad sin más”. De la Cruz considera que “si una inversión puede crear empleo, aportar innovación tecnológica y crecimiento económico bienvenida sea”.
En quinto lugar, se ha preguntado a los debatientes sobre el papel que ha tenido el Gobierno en la compra del 5% de Telefónica por parte del grupo saudí STC. Alberich considera “incomprensible e inadmisible” que no se hubiera avisado al Gobierno de la operación. En esta línea ha tildado de “falta de pericia extraordinaria” que ni Telefónica ni el Gobierno hubieran percibido que iba a producirse dicha adquisición. Para Juan de la Cruz, “la autorización o denegación de esta operación supone situarla en el tablero de las relaciones tanto bilaterales como multilaterales, para poder valorar ventajas e inconvenientes, y establecer un balance de costes y beneficios que permita discernir con prudencia la decisión final que mejor satisface los intereses generales”.
En último lugar, se ha puesto encima de la mesa la situación de Estados Unidos, que recibe el 58% del total mundial de las inversiones de fondos soberanos. La mesa ha planteado si la UE debería mantener un equilibrio entre la apertura a los flujos de inversión extranjera directa y la defensa de sus intereses esenciales y si se debería copiar algún modelo ya aplicado en otro lugar del mundo. Jordi Alberich ha señalado la diferencia entre Estados Unidos y Europa es que el primero es “una sola e integrada economía”, mientras que la UE es una “agregación de economías nacionales”. De la Cruz, por su parte, ha señalado dos factores que considera “claves para la atracción de inversiones extranjeras y que podrían ofrecer claras oportunidades”: la seguridad jurídica y las condiciones de estabilidad del euro, En relación con la primera, considera que la “apuesta decidida de la Unión Europea y de sus países miembros por el imperio del Derecho podría ser un factor decisivo para atraer determinadas inversiones frente a los riesgos de China o incluso de Estados Unidos”. En cuanto a la estabilidad del euro, de la Cruz cree que “las actuales circunstancias de China y de Estados Unidos parecen enfrentarles a mayores dificultades en el logro de los equilibrios fiscales y monetarios”.
Sectores>Comercio Exterior|Economía>Nacional
