El modelo de retribución de la actividad de distribución eléctrica se basa en un enfoque de costes establecido en 2013, con vigencia desde 2016, y que no ha sido actualizado hasta la fecha, a pesar de la inflación experimentada durante el período. Esto, unido al efecto de la coyuntura económica de los últimos años sobre la Tasa de Retribución Financiera (TRF) correspondiente al próximo periodo regulatorio, pone en riesgo las inversiones necesarias en el sector.
Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘El efecto de la inflación en la electrificación de la economía’, elaborado por Luis del Barrio y Cristina Olivera, partner y manager respectivamente de la consultora Arthur D. Little y publicado por Fundación Naturgy, que se ha presentado hoy en un webinar en el que han participado también expertos del sector.
El informe de Arthur D. Little realiza un exhaustivo análisis sobre la coyuntura macroeconómica, el marco retributivo de la distribución eléctrica y otras actividades asociadas a la electrificación de la economía. “La situación macroeconómica actual y la devaluación del euro frente al dólar están impactando en las actividades reguladas y en concreto en la distribución eléctrica, uno de los principales pilares en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la integración de la generación y de la demanda”, se señala en el estudio, lo que “está provocando una alta incertidumbre y podría hacer que no se alcancen los objetivos previstos por el PNIEC”.
“La falta de implementación de soluciones coyunturales, tal y como se ha hecho en otros ámbitos, que permitan mitigar los efectos perjudiciales de la alta volatilidad de precios y aseguren el estímulo a la inversión, podría ocasionar un retraso en el desarrollo de la infraestructura eléctrica poniendo en peligro la consecución de los objetivos de descarbonización de la economía.”, ha destacado Luis del Barrio.
Durante el coloquio, -moderado por Diego Rodríguez, catedrático en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de Fedea-, han participado diferentes expertos del sector que han analizado el efecto de la situación macroeconómica reciente sobre la capacidad de inversión en redes eléctricas y otros activos necesarios para lograr los objetivos del PNIEC en el marco de la electrificación de la economía.
Para Mónica Puente, directora de Redes Electricidad España de Naturgy, “para mantener unos niveles adecuados de inversión es necesario disponer de unas señales que permitan tener una rentabilidad razonable de nuestra actividad”. Por ello, la máxima responsable de la distribuidora de electricidad UFD apunta que, si bien el modelo actual de retribución es adecuado, las condiciones que lo rodean son excepcionales, por lo que se requiere la propuesta de medidas que permitan mitigar esta situación y asegurar el necesario ritmo de las inversiones para la integración de las energías renovables, la flexibilidad de la demanda y, por consiguiente, para el logro de los objetivos medioambientales marcados por el PNIEC.
Mónica Puente ha remarcado la necesidad de urgencia en las decisiones que se tomen en este ámbito porque “las inversiones necesarias en redes tienen un ciclo de vida de años desde su planificación hasta la ejecución”.
Por su parte, Cristina Olivera ha incidido en la necesidad de aplicar de manera excepcional un ajuste a la tasa libre de riesgo, como se ha hecho en sectores regulados similares al de la distribución eléctrica. “La metodología WACC es correcta y aporta estabilidad, pero es importante que los parámetros empleados sean adecuados para que se den señales correctas de inversión, en especial la tasa libre de riesgo”, ha indicado.
Adicionalmente, Olivera ha señalado sus tres recomendaciones para esta actividad ante la coyuntura actual: “actualización de costes unitarios, revisiones transitorias de los parámetros utilizados para el cálculo de la Tasa de Retribución Financiera en situaciones de excepcionalidad y flexibilización del límite de inversión”.
En su intervención, Olivera ha apuntado que “hay que ver la factura eléctrica de un modo integral, que es lo que preocupa al consumidor. Subirán los peajes por la necesidad de integrar renovables y bajará el precio de la luz por la fuerte penetración de renovables”.
Para Guillermo Amann, presidente de la Asamblea General de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL), “es importante la claridad y visibilidad regulatoria a largo plazo para que las actividades reguladas puedan planificar, y que reciban una retribución adecuada ajustada a la situación financiera”. También ha incidido en que los valores unitarios de referencia están desactualizados desde hace años, por lo que “es necesario que sean realistas para que sigan siendo una herramienta para la competitividad y aseguren la inversión”.
El presidente de AFBEL ha mostrado la preocupación del sector sobre el mecanismo de ajuste en frontera por las emisiones que provocan la producción de los equipos. “Los distribuidores todavía aprecian nuestra capacidad de servicio, pero si el diferencial de coste se eleva vemos una afección a medio plazo”, ha apuntado.
José María González, director general de APPA Renovables, ha apuntado que la inflación debería ser considerada en las próximas subastas de renovables. “El fracaso de la última subasta de renovables fue consecuencia de la alta inflación. Además, en las próximas subastas se verá afectada por la Tasa de Ajuste por Carbono de la Unión europea”, ha señalado. “Para la integración de renovables hacen falta las redes, para su desarrollo es necesaria la inversión y, para invertir, es necesaria una retribución razonable”, ha resumido.
“Estamos en un mercado global en el que no podemos competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Por eso, deberíamos enfocarnos en aquellas partes de la cadena de valor en las que destacamos. España tiene, en recurso para la generación renovable, una ventaja competitiva frente al resto de Europa que debemos ser capaces de aprovechar”, ha apuntado González.
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