A lo largo de 2022, la industria de alimentación y bebidas frenó su crecimiento limitando la trayectoria positiva acumulada a lo largo de los últimos años debido, principalmente, a la situación inflacionista y al aumento de los costes productivos como consecuencia del incremento del valor energético, de los transportes y de las materias primas. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del Informe Económico 2022, elaborado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Tal y como explicaron durante su presentación Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación, y Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, la producción crece, pero a menor ritmo. Es decir, durante el pasado ejercicio, la producción real del sector ascendió a los 144.955 millones de euros, alcanzando un crecimiento del 1,5%. En este sentido, la tasa muestra la contención de la actividad de la industria al compararla con el promedio de la tasa de crecimiento de la producción real entre los años 2015 y 2019, entre los que no se tiene en cuenta ni 2020 ni 2021 debido a la situación excepcional provocada por la pandemia, que se situó en el 4,5%.
El documento sostiene que, “desde finales de 2021 los precios de producción se han ido acelerando, hasta el 18,6% al cierre del ejercicio 2022”, lo que ha provocado dos consecuencias. Por una parte, “una pérdida de dinamismo de los ritmos reales de la actividad productiva del sector”. Y, por otro lado, “una reducción de márgenes en un intento de no generar mayores desajustes entre oferta y demanda”.
Además, también indica que, “este escenario de aumento de precios, junto a las medidas adoptadas para la contención de la inflación como las subidas de los tipos de interés, ha llevado a los hogares a la contención de sus gastos y a modificar sus patrones de consumo”. El volumen del consumo ha descendido un 1,1% en 2022, cayendo a los 66.294 millones de euros, mientras que el gasto medio por persona fue cercano a los 1.427 euros, sufriendo una caída del 1,8%. En datos, el peso del sector representa el 19,3% de la industria manufacturera y cerca del 2,5% del total de la economía española.
En lo que respecta al análisis regional, el informe de la FIAB recalca que la industria de alimentación y bebidas contribuye a la fijación de población en todo el territorio nacional, principalmente en aquellas comunidades autónomas con problemas de desempleo y menores rentas. Entre todas las regiones destaca el liderazgo de Cataluña, seguida de Andalucía.
2023, rodeado de incertidumbre
En este contexto, el sector también ha advertido de que el comienzo de 2023 ha continuado la línea de 2022. Así, al escenario inflacionista se han sumado otros elementos como la sequía, “devolviendo una mayor inestabilidad a la actividad de la cadena alimentaria”. Fernando Miranda ha detallado que, “en la medida que la ausencia de precipitaciones pueda provocar una cosecha más escasa, esto reducirá la oferta y generar cierta tendencia inflacionaria”.
Por su parte, Mauricio García de Quevedo ha afirmado que los precios del sector irán descendiendo “en un plazo muy razonable”, aunque dependerá tanto de la situación concreta de cada empresa como del impacto que produzca la sequía en la producción. “Si la sequía no afecta a la inflación, si no hay otros elementos como los de este año de efectos climatológicos, huelga de transportes o situaciones de guerra, si todo se va tranquilizando, los precios irán bajando en un plazo muy razonable”, ha expresado. No obstante, también ha recalcado que existirá un decalaje como consecuencia del stock adquirido a un determinado precio, por lo que la bajada de algunos insumos no se reflejará de un día para otro.
Asimismo, con relación a las medidas tomadas para ayudar al sector, también ha comentado que ellos habían plantado dos iniciativas que podían ayudar al proceso inflacionario. En la primera de ellas, vinculada a la bajada del IVA, el Gobierno la tuvo en cuenta solo “parcialmente”, ya que ellos defendían ampliar la rebaja a un mayor número de productos de la cesta de la compra para contener la inflación. Mientras que, en la segunda, relacionada con nuevas medidas impositivas y regulatorias que llevan un incremento de costes, como el impuesto al plástico, el Gobierno rechazó su solicitud para retrasar su entrada en vigor un año, hasta 2024. Por ello, en su opinión, “estas propuestas podrían haber impactado bastante más en la contención de la inflación”.
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