Aunque en ocasiones relacionamos la tecnología con novedosos dispositivos y herramientas punteras, también alcanza la ejecución de proyectos y la gestión de procesos dentro de un sector. El jurídico también comienza a acogerse a la digitalización, la inteligencia artificial o el machine learning (aprendizaje automático): la innovación en este caso pretende reducir los tiempos empleados sin renunciar a la calidad del servicio. De ahí que el legaltech esté en auge. Atlante es una empresa de servicios procesales y legales en el ámbito de la gestión de crédito. Con la ayuda de un software propio, LYRA, se sirve de inteligencia artificial y machine learning para rastrear de forma automática miles de cuentas de consignaciones bancarias, gestionar miles de expedientes y el envío de cientos de paquetes diarios con la documentación pertinente a los juzgados.
Desde noviembre de 2022, Sonia Benito es managing director en la compañía. Licenciada en Derecho, antes había ocupado el puesto de legal operations manager en Atlante. Con más de una década de experiencia en el sector y en el entorno legaltech, Sonia Benito cuenta a DIRIGENTES hacia dónde se dirige la tecnología en este ámbito, qué novedades veremos los próximos años y cuáles son los retos que enfrentan los profesionales de servicios jurídicos.
¿En qué punto está el sector legal en cuanto a digitalización?
La digitalización en el sector legal español se ha convertido en una necesidad porque nuestro actual sistema lleva años de retraso. En el sector público, si bien ya se han dado los primeros pasos gracias a los Fondos Next Generation, aún hay un camino largo por recorrer y alcanzar el objetivo de contar con una justicia eficiente, sostenible e interconectada. Con respecto al sector privado, desde mediados de 2020, en gran parte gracias al auge tecnológico derivado de la crisis del COVID-19, cada vez son más los operadores jurídicos que nos apalancamos en la tecnología para hacer más eficiente la prestación de los servicios jurídicos.
¿Cómo está transformando el sector legaltech el campo jurídico?
Las legaltech estamos transformando la forma de ejercer la abogacía y de prestar servicios legales. Somos empresas que desarrollan sus servicios de una forma alternativa a los prestadores de servicios jurídicos tradicionales. Fundamentamos nuestra actividad sobre los criterios de eficiencia y eficacia sin olvidar en ningún momento la calidad y especialidad que requiere la profesión jurídica. En el Grupo Atlante colaboramos en poner nuestra más alta tecnología al servicio de nuestros clientes para dotarlos de eficiencia. Con el fin de gestionar de forma optimizada procedimientos judiciales y convertirnos en un verdadero partner de nuestros clientes, nos apoyamos en nuestro ADN tecnológico basado en IA y Machine Learning, lo cual permite la automatización de procesos y la reducción del error humano.
En España, ¿ha sabido el sector legal sacar partido a la tecnología o aún no está tan implantada como en otras áreas?
El sector legal está visto como uno de los más precarios en tecnología e innovación, por ello uno de los grandes propósitos de este 2023 es terminar con esa leyenda negra por la vía de los hechos. Tenemos siete años para ser un país próspero en este aspecto, necesitamos de una Administración pública de vanguardia capaz de proporcionar servicios de calidad homologables, capaces de intercambiar información y procedimientos con facilidad, tanto internamente como a los países más desarrollados, de modo que los operadores jurídicos privados que hayamos implantado el factor tecnológico podamos actuar con la Administración en todo un abanico de posibilidades que van a cambiar el mundo legal, por su extensión a procedimientos donde hoy aún es impensable una actuación propia del siglo XXI. No obstante, es importante reconocer que se ha dado un primer paso con el desarrollo del proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, pero que hasta hoy no se ha empezado a ejecutar.
El Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, ¿cómo va a cambiar el panorama?
La importancia del proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia radica en poder dar salida (con lo que ello supone en términos económicos) a los 11.000 millones de euros (más del 1% del PIB) que, según un estudio de SIGMA DOS, se hallan paralizados sin ejecutar en la justicia española, pero también en aprovechar el dato como fuente de información cada vez que realizamos una actuación judicial.
Cabe resaltar que, respecto a este último, la homogeneización del dato en el ámbito judicial es uno de los aspectos que más se tienen en cuenta en este proyecto, pues ayudará a analizar las necesidades de las administraciones, la carga de trabajo de los juzgados y establecer dónde se pueden aplicar mayores recursos tanto humanos como tecnológicos. De modo que funcionaríamos de forma efectiva al mismo tiempo que ponemos a la tecnología a nuestra disposición. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para una exitosa homologación de los sistemas se necesita de la voluntad del Ministerio de Justicia como de las Comunidades Autónomas para su efectiva implantación. Solo así se trazaría un dato más limpio, del que se pueda obtener estadísticas y metodologías para que la justicia sea mucho más eficiente.
¿De qué forma puede la tecnología conseguir un aumento de la eficiencia?
La tecnología bien aplicada y con el acompañamiento de conocimiento jurídico correcto, consigue la reducción de tiempo, de recursos y ayuda, a su vez, a prestar un servicio de calidad y confiable. La tecnología es una aliada que nos puede ayudar en multitud de tareas asociadas a los servicios jurídicos: automatización de tareas administrativas y de poco valor añadido, el análisis de documentos legales y extracción de sus entidades para crear procesos internos de trabajo eficientes, generación de escritos legales de forma automatizada, predicción a través del análisis del dato, los comportamientos de los tribunales o, incluso, revisión de hitos y estado de procedimientos.
En Atlante trabajan con machine learning e IA para, entre otros, procesar documentos judiciales o rastrear cuentas de consignaciones bancarias, ¿cómo funciona?
El Grupo Atlante se ha apoyado en su ADN tecnológico basado en IA y Machine Learning para crear un ecosistema propio, LYRA, el cual gestiona miles de procedimientos judiciales. Este software ha procesado más de 8 millones de documentos legales, que se traducen en datos más automatizados, organizados y homogéneos, claves para lograr una gestión optimizada y la reducción del error humano al mínimo. Nacimos con una vocación tecnológica y nuestro sistema nos permite ir aprendiendo y creciendo sobre la base de nuestra propia gestión.
Desde la puesta en marcha del ecosistema de IA de la compañía, este acumula más de 340.000 expedientes de gestión, llegando a tramitar 190.000 demandas solo en 2021, registrando un volumen de más de 16.000 notificaciones diarias y ocho millones de documentos. Asimismo, contamos con una conexión directa y automatizada con Banco Santander, que ha permitido rastrear automáticamente miles de cuentas de consignaciones bancarias en las que nos encontramos personados.
¿Cuáles son las últimas innovaciones que han adoptado?
Atlante ha impulsado hace unos meses dos nuevas líneas de negocio dotadas de tecnología. La primera es Dividae, una plataforma 100% online que ofrece a asesores, gestores y abogados una solución para ayudar a sus clientes a reclamar aquellas facturas no cobradas. Con esta herramienta buscamos que las pymes y autónomos reclamen una deuda, sea cual sea su importe, a través de tecnología avanzada, eficiente, con seguridad jurídica y transparencia en su proceso.
La segunda es Legal Insight, una plataforma de análisis de datos diseñada para el sector jurídico con la ambición de generar y trabajar con la mayor información del dato para alcanzar los objetivos del área legal. Legal Insight utiliza más de 15 millones de líneas de información provenientes de procedimientos judiciales y analiza todo tipo de procedimientos en cualquier fase y a cualquier nivel, desde el autonómico hasta el de un juzgado concreto.
De esta forma, permite realizar valoración de carteras y estrategias legales, optimizar la gestión interna, realizar benchmarking legal, establecer sistemas de alertas a nivel de juzgados o crear documentos informativos que reflejen las tendencias legales en formatos ejecutivos. Una innovación disruptiva que queremos compartir con nuestros partners, instituciones y administración.
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