La morosidad empresarial se manifiesta como una sombra persistente que amenaza a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Ante este desafío constante, el Ministerio de Industria y Turismo, bajo la dirección del Ministro Jordi Hereu, ha decidido dar un paso adelante con medidas concretas.
La creación del Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada suena a un plan con gran potencial. Su misión consiste entre otras, en publicar anualmente una lista negra identificando a las empresas que incumplen los plazos legales de pago, una suerte de «luz roja» para los morosos que brinda apoyo a las PYMEs. Aquellos interesados en este asunto tuvieron la oportunidad de enviar sus comentarios hasta el 29 de enero.
En este juego empresarial, las PYMEs y los autónomos parecen estar en desventaja. Les falta no solo la baraja, sino también una Ley de Morosidad que les proporcione un escudo efectivo contra demoras y abusos. La legislación actual sólo menciona los recargos por pagos tardíos, sin ofrecer un mecanismo específico para denunciar abusos o malas prácticas de clientes deudores.
En la práctica, las PYMEs se encuentran atrapadas entre la espada y la pared, con la única opción de realizar llamadas para reclamar pagos o, en última instancia, recurrir a la justicia. En el mundo empresarial, ¿quién quiere enemistarse con un cliente recurrente?
La falta de músculo financiero y poder de negociación las coloca en una posición delicada. Imponer multas por pagos tardíos puede significar una pérdida económica si los clientes deciden marcharse. Ni siquiera Hacienda o cualquier otro organismo parece contribuir a hacer cumplir la ley.
La protección legal para las PYMEs en esta dinámica es prácticamente inexistente. La ley actual establece un plazo total de 60 días para el pago a proveedores, incluido un plazo de 30 días para validar la factura. Sin embargo, estos plazos no siempre se respetan, dejando a las PYMEs en situaciones críticas, a veces, incluso, al borde de la quiebra, con necesidad de mayor financiación, menores márgenes e incluso una peor solvencia.
La propuesta del Real Decreto busca poner orden mediante la publicación de listas negras de empresas morosas. A diferencia de Estados Unidos, donde cada persona tiene su propio historial crediticio, aquí en España, la información sobre malos pagadores está limitada a algunos centros de información de acceso restringido.
Este oligopolio creado, solo permite consultar puntualmente si una empresa tiene un incumplimiento o retraso con un banco o grandes empresas de sectores como telcos, eléctricas o aseguradoras. Para las empresas de menor envergadura, el acceso a esta información se ve limitado, siendo un privilegio reservado a unos pocos actores en el mercado.
En este contexto nació ICIRED, una innovadora startup española que ha desarrollado un fichero de morosidad online al que puede acceder cualquiera sin pertenecer a ningún centro de información, un gran paso hacia adelante. La empresa en la que trabajo, pfs, invirtió recientemente en este proyecto, para robustecer su base tecnológica y respaldar su continuo crecimiento.
Si las listas negras fueran abiertas y públicas, las PYMEs podrían evaluar si un cliente es buen pagador y decidir si es prudente ofrecerles servicios. De igual manera estas listas, podrían ejercer presión para que las empresas dejen de incurrir en pagos tardíos. Es evidente que el problema existe y es preciso actuar cuanto antes.
La propuesta sugiere incluir en la lista a las empresas con una deuda superior a 600.000 euros, o al menos el 90% de sus facturas pendientes de pago en un momento específico. Las empresas listadas serán consideradas «muy morosas», dejando fuera a aquellas “menos malas” en el cumplimiento de sus compromisos de pago, por lo que es crucial mejorar este proceso para hacer frente al problema.
Por otro lado, quedarían excluidas de esta lista todas las empresas que de acuerdo con la normativa contable presenten cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas. Esto es, que tengan una plantilla media de hasta 50 trabajadores o una facturación inferior a los 8 millones de euros, por lo que estarían fuera un gran número de pymes en España.
Adoptar las mejores prácticas de otros países, como la publicación de listas blancas de buenos pagadores; la constitución de un “tercero de confianza” que vele por el complimiento de los plazos de pago que constan en el texto legal, la agilidad y la contundencia en la reclamación judicial, así como que el acceso a las listas de morosos e impagados sea universal, ayudaría a que en nuestro país se pudiera establecer un marco legal sólido. Esto protegería los intereses de las pequeñas y medianas empresas y fomentaría una cultura de pagos oportuno en el entorno empresarial
Recordemos la importancia de que las compañías también pongan de su parte: una gestión proactiva y la comunicación de los impagos en ficheros públicos, como propone ICIRED, para el conocimiento del resto en el tejido empresarial. Por otro lado, es esencial facilitar el cobro para evitar fricciones con los clientes. La digitalización, junto con el cobro y pago automatizado respaldado por Inteligencia Artificial, contribuirá a mejorar el entramado empresarial y reducir la morosidad.
Desde pfs, estamos facilitando en todos los eslabones del proceso de cobro las herramientas más avanzadas para que ayuden y empujen al correcto funcionamiento del ciclo, desde la gestión de cobro automatizado utilizando la Inteligencia Artificial, a la gestión del impago temprano, la recuperación amistosa, o la judicialización eficiente, si fuera necesario.
Se trata de que las empresas puedan gestionar mejor sus cobros sin olvidar que la gran mayoría de ellas quiebra por problemas de pago, y evitar este inconveniente, las hace más solventes y competitivas.
Opinión
