Un expresidente condenado a cárcel, un presidente en ejercicio bajo riesgo de destitución y la liberación de acusados, todos con cargos por corrupción, lejos de llevar a Brasil al caos, provocaron un aire de «recuperación» esta semana en el país tropical. El Congreso brasileño aprobó, el martes 11, la reforma de la ley laboral, uno de los principales objetivos del gobierno de Michel Temer. Es el triunfo de una iniciativa que ha sido apoyada por los empresarios en general y rechazada por las uniones sindicales. La reforma laboral La nueva ley, primera actualización desde 1940, «liberaliza» el mercado del trabajo en un momento en el que hay más de 14 millones de parados en el país, con el propósito de dinamizar la economía y reducir la burocracia y el poder de los sindicatos. Entre otros efectos de la nueva legislación, se otorga mayor poder a los convenios colectivos por sector o empresas, se autoriza una jornada intermitente (12 horas de trabajo por 36 de descanso, por ejemplo), se elimina la obligatoriedad del aporte sindical y se habilita la fragmentación de los 30 días de vacaciones en hasta tres períodos. Ese mismo día, la bolsa de valores de São Paulo dio la primera señal de su aprobación al cambio jurídico. El índice Bovespa, principal indicador de esa casa bursátil, avanzó en el cierre un 1,25%, a 63.815 puntos, mientras que la moneda brasileña (real, BRL) se valorizó un 0,19% a 3,2532 unidades por dólar. La condena de Lula Al día siguiente, el miércoles 12, la tendencia continuaba moderadamente optimista, con un avance del 0,07% en los momentos previos a conocerse la condena del expresidente Lula da Silva. Una vez confirmado que el juez Sergio Moro dictó prisión al político, el índice dio un salto y cerró el día con un alza del 1,68%, 64.903 puntos. El juez Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por considerarlo culpable de recibir beneficios inmobiliarios a cambio de favores políticos y lavado de dinero. El proceso continúa ahora con la apelación de la defensa del condenado. En la misma investigación judicial, fueron liberadas figuras altamente comprometidas con acusaciones de ilegalidad. El elemento Temer Si el caso de Lula es el primero de un expresidente condenado a prisión, podría no ser el único en el horizonte inmediato. El actual mandatario, Michel Temer, enfrenta un complicado cuadro de acusaciones de corrupción que podrían significar, en principio, su destitución. Además del frente judicial, Temer tiene también en su contra un seguimiento meticuloso de la prensa y un bajo nivel de popularidad: menos del 7%, según el más reciente muestreo de la encuestadora Data Folha. Ello equivale a 4,5 puntos menos de lo que tenía Dilma Rousseff en el final de su mandato, cuando llegó a 11,5 puntos. El político, sin embargo, minimiza las hostilidades tratándolas como «turbulencias varias» y enfatiza medidas que ha ejecutado. Esta misma semana, con el avance del cerco judicial, anunció el envío de unos 1.500 millones de euros a municipios para obras de infraestructura.
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