En plena crisis del euro, cuando los países periféricos caían uno a uno y tenían que pedir millonarios rescates, un duro informe de Transparencia Internacional (TI) vinculaba directamente la corrupción con los problemas económicos. En 2012, caló de manera significativa en el mundo anglosajón las siglas PIGS para referirse a Portugal, Irlanda, Grecia y España de manera despectiva como Estados al borde la quiebra. Hoy cuando Grecia vuelve al epicentro, se repite la tonada "España no es Grecia", pero todos los países, incluido Italia, siguen compartiendo los mismos problemas estructurales de deuda desorbitada y disciplina fiscal y uno más importante la corrupción. TI desvelaba que las cuentas públicas de todos estos países se desangraban por las deficiencias del sector público provocado por la ineficiencia, negligencia, prebendas y sobornos.
El grupo de países señalados está claramente alejado de Alemania, Holanda, Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, los modelos de Estado que son ejemplos a seguir. De los 175 países analizados. España se sitúa en el puesto 37, Portugal en el 31, Italia en el 69 y Grecia en el 73. Mejor para sale Irlanda con un puesto 18. "España no tiene corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países, sino múltiples escándalos de corrupción política en los niveles superiores de los partidos y en los gobiernos locales y autonómicos", señala el informe de TI. Pero no es rasgo característico solo de España, en todos los países las altas esferas están salpicadas golpeando duramente a las instituciones de los Estados.
Los escándalos de Bárcenas, de la financiación ilegal del PP, de los Pujol o los ERE de Andalucía no son una excepción en Grecia o Portugal. El que fuera primer ministro en el país luso desde 2005 hasta 2011 está imputado por fraude fiscal y blanqueo de dinero al ocultar más de 20 millones de fortuna personal. La investigación judicial acaba de empezar pero todo apunta que según se descubra de donde ha salido tanto capital supondrá una conmoción para el país. Pero no es único caso de corrupción, nuestros vecinos suelen desayunar con distintos escándalos: fraude masivo al sistema sanitario que asciende a 200 millones, la caída del imperio Espirito Santo que se llevó por delante a uno de los principales bancos del país y decenas de funcionarios detenidos por concesiones ilegales de visados.
En Grecia el panorama es parecido, la ciudadanía está hastiada de la corrupción de la clase política. Los pufos han saltado a un lado u otro de las orillas políticas, han salpicado tanto al Pasok como a Nueva Democracia. Concesión de créditos ilícitos de un banco semipúblico, sobornos en la compra de armamento, evasión fiscal, utilización indebida de fondos europeos, son solo algunos de los delitos relacionados con la corrupción que han perpetrado políticos de ambas filas.
El caso Postbank se ha fraguado en los últimos tiempos cuando el país ya estaba bajo el yugo de la troika. A través de Hellenic Postbank, una de las entidades que ha recibido inyecciones de capital, concedieron hasta 400 millones en créditos sin garantía a políticos y empresarios. La investigación del caso puso en jaque a Nueva Democracia cuando estaba en el poder. Entre las imputadas está la antigua presidenta del Fondo de Estabilidad Financiera de Grecia (HFSF) por donde se han canalizado parte de las ayudas europeas.
El Pasok hundido en las últimas elecciones ha arrastrado varios escándalos políticos. El más importante es el de Akis Tsojatzópulos, ministro de Defensa entre 1996 y 2001, por comisiones ilegales y sobornos. Oficiales del Ejército y representantes de las compañías armamentísticas han estado implicados en una inmensa trama que duró varios años.
Lo peor del país es que la corrupción desborda a las élites políticas. TI calcula que uno de cada diez griegos ha sobornado a funcionarios para agilizar trámite, una práctica que oscila anualmente sobre los 500 millones. El sistema de salud también es un coladero por ingresos hospitalarios y medicinas, también sorprendió a la opinión pública europea que cientos de familias cobraban las pensiones de jubilados fallecidos. La ONG calcula que en los últimos diez años la corrupción podría haber mermado las arcas públicas en más 120.000 millones, por encima de la cuantía del primer rescate al país.
El impacto de la corrupción en la economía es difícil de cuantificar, pero el análisis más reciente de la Comisión Europea estimaba que a los 28 países les supone anualmente 120.000 millones anuales, un 1% del PIB conjunto. El Ejecutivo comunitario denuncia que entre un 10% y un 20% de los contratos públicos se pierden por la corrupción, el 5% del presupuesto anual europeo no se justifica y se malogra cerca de un billón de euros en inversión al año.
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