Después de que la Audiencia Nacional tumbara el ERE de Coca Cola y el posterior recurso de la compañía, la justicia la obligó a cumplir la sentencia recolocando a los trabajadores y que les pagara los salarios de tramitación. La embotelladora cumplió parcialmente al ofrecerles a los trabajadores la readmisión pero en otros centros de trabajo, que no fuera la fábrica de Fuenlabrada. La empresa ha decidido cerrarla por causas organizativas y productivas.
Un nuevo auto de la Sala de lo Social vuelve a interponerse en los planes de la embotelladora al decir que las readmisiones son "irregulares". Según el escrito, los trabajadores quedan eximidos de acudir a sus nuevos centros de trabajos. A la empresa les obliga "a continuar abonándoles los salarios de sustanciación hasta que se resuelva el recurso de casación formalizado contra nuestra sentencia".
La empresa decidió reincorporar a los 271 trabajadores de la planta de Coca Cola de Fuenlabrada pero fábricas fuera de la Comunidad de Madrid, como Cataluña, Sevilla o A Coruña.
Los trabajadores solicitaron varias medidas cautelares, entre los que se encontraba la reincorporación en la misma plan. La Audiencia ha admitido parcialmente el recurso y ha declarado ilegal las readmisiones.
La compañía está intentando desmontar la fábrica de Fuenlabrada sin cumplir las distintas sentencias de la Audiencia Nacional. Los trabajadores de la planta ya han protagonizado enfrentamientos con la empresa para impedir el desmantelamiento y que cuando salga la sentencia del Tribunal Supremo se pueda cumplir. Los empleados temen que si les da la razón no haya centro de trabajo viable y no tengan más remedio que aceptar la movilidad de su puesto de trabajo.
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