La Ley 23/2013 desindexa la revalorización anual de las pensiones contributivas de la evolución de los precios (IPC) e introduce un nueva fórmula de cálculo: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Este indicador es más complejo y busca en última instancia garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones de la Seguridad Social. Por primera vez en la historia de España, los PGE 2017 contemplan además del IRP real que se está aplicando (cuyo margen tiene un límite inferior del 0,25% y superior del 0,5% a la inflación), el IPR teórico, es decir, en lo que deberían revalorizarse las pensiones si tenemos en cuenta el actual déficit del sistema. En este escenario, el equilibrio financiero de las cuentas de la Seguridad Social requeriría una reducción anual del 2,96%. El índice de referencia tiene en cuenta diversas variables más allá de la evolución de los precios. En este sentido, el IRP contempla la variación de los ingresos del sistema (cotizaciones), de los gastos, del número de pensiones y el efecto sustitución (variación internaual de la pensión media del sistema). Además, incorpora un cálculo del saldo financiero de la Seguridad Social desde un punto de vista estructural o a medio plazo (11 años). Las previsiones muestran que, aunque los ingresos por cotizaciones superarán en un 4,8% los niveles pre crisis, y crecerán a una tasa media del 3,6% entre 2018 y 2022, los gastos lo harán al 2,5%, por lo que el déficit seguirá siendo superior a los 11.000 millones en 2022. Sin embargo, aunque las pensiones nunca puedan bajar en términos nominales por ley, sí lo harán en términos reales si se incorpora al análisis el factor inflación. Esto se da cuando el IPC anual supera la revalorización anual aplicada, algo que está previsto que ocurra durante los próximos años, ya que la inflación seguirá en el entorno del 2% y el déficit del sistema imperdirá superar el 0,25%. Según el Instituto BBVA de Pensiones, esto podría suponer un empobrecimiento de los pensionistas del 1,75% anual.
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