Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 en el aire, todas los focos están puestos en el debate parlamentario, donde se decidirá si se adoptan nuevas cuentas o se prorrogan las del año anterior. Este hecho tendrá una incidencia decisiva sobre el cumplimiento del objetivo de déficit del conjunto de las Administraciones (-3,1%) y, en concreto, del subsector autonómico (-0,6%), que acumula desfases consecutivos en sus cuentas desde hace años. Esta desviación ha venido motivada por unas previsiones de ingresos sobrevaloradas, pero este año podría invertirse la tendencia, ya que se estima que por primera vez en una década que los recursos presupuestados por las CCAA son «realistas», según el Observatorio Fiscal y Financieros de las Comunidades Autónomas elaborado por Fedea. Sin embargo, el cumplimiento está sujeto a la ejecución de las entregas a cuenta reflejadas en los PGE 2017, y por lo tanto a su aprobación. Sin esos recursos ‘extra’ (en torno a 5.000 millones), los entes regionales podrían cerrar el año con un déficit por encima del 1% del PIB. A diferencia de otros ejercicios, donde prácticamente todas las regiones tenían los Presupuestos aprobados, en 2017 únicamente están aprobados los presupuestos de 10 Comunidades: Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Extremadura, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana. En la misma línea, la AIReF ha publicado diferentes informes de auditoria sobre las cuentas en los que considera «factible» el cumplimiento del objetivo de estabilidad para el conjunto del subsector, aunque lo ve muy improbable en hasta en ocho CCAA. La autoridad independiente también señala que si no se aprobaran los PGE 2017, la valoración pasaría de factible a «improbable». La principal partida de ingresos regionales viene por el lado de las entregas a cuenta y liquidación transferidas por el Estado en concepto de impuestos compartidos (IVA, IRPF y Impuestos Especiales) y de Fondos (de Garantía, Suficiencia Global y Convergencia). Según el proyecto de ley de Presupuestos esta partida aumentará en un 5,8% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 5.387 millones. Por el lado del ‘resto de ingresos’ (impuestos transferidos, enajenación de inversiones y resto de tranferencias), las CCAA prevén un aumento del 3% respecto a 2016 (1.305 millones), muy lejos del incremento de más de 3.000 millones presupuestado en el ejercicio anterior. En total, los ingresos previstos son 6.600 millones superiores a los de 2016. Durante los últimos años, las CC.AA han cuadrado sobre el papel sus presupuestos con sus objetivos de déficit a base de inflar sus previsiones de ingresos. A posteriori, estas previsiones han quedado muy lejos de cumplirse, provocando a su vez el incumplimiento de los objetivos de déficit. Este patrón se mantuvo durante 2016. El incumplimiento de los presupuestos autonómicos de 2016, elaborados para un objetivo de déficit inicialmente previsto en el 0,3% PIB, se ha debido a una sobrevaloración de ingresos. Las comunidades han cerrado 2016 con un déficit del 0,8% PIB y con unos ingresos 6.100 millones inferiores a los presupuestados. De esta cantidad, más de 2.000 millones de euros se deben a que C. Valenciana y Cataluña incluyeron en su presupuesto un anticipo del Fondo de Competitividad que no se recogía ni en la ley de financiación autonómica ni en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016. Los 4.000 millones restantes se deben a una realización de ingresos inferior a la prevista en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, enajenaciones de inversiones reales y resto de transferencias corrientes y de capital.
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