Los espacios abiertos en el entorno laboral favorecen la cooperación y el trabajo en equipo. Sin embargo, cuando se necesita consultar una cuestión relevante, se tiende a tratar con discrección, es decir, en privado. Eso es de lo que se quejan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) acerca de la intimidad de los contribuyenes cuando acuden a las oficinas.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) «podría estar vulnerando el derecho a la intimidad y a la protección de datos», según advierte Gestha. Esta posibilidad tiene su reflejo en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con respecto a los expedientes de control de gasto y subvenciones.
Desde el punto de vista de los técnicos, los espacios de trabajo diáfanos y compartidos, que reciben el nombre de ‘praderas’ dificultan la confidencialidad y la discreción. En esa línea, Gestha explica que la desprotección tiene que ver con la eliminación de los despachos individuales.
En esa línea, se observa que las actuaciones tributarias, aduaneras y de la contabilidad requieren un sigilo añadido por parte de los trabajadores, dado que se trabaja con datos de hasta 16 millones de contribuyentes. Según añade Gestha, hay descontento por parte de los contribuyentes y los asesores fiscales, que de hecho se sienten «observados» y «escuchados» por otras personas ajenas a su intimidad.
Este hecho viene propiciado por «una interpretación un tanto equivocada y restrictiva», dice Gestha, de una Orden del Ministerio de Hacienda de abril de 2013, que implicaba la supresión de las barreras físicas en las oficinas de la AEAT y de la IGAE. Las pérdidas que produce esta nueva distribución en la lucha contra el fraude fiscal ascienden a 595 millones, según la organización.
En ese sentido, se acusa a los defensores de las ‘praderas’ de obviar el impacto que tienen los espacios abiertos sobre el rendimiento y la productividad de los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda. No obstante, Gestha advierte de que ese perjuicio es aún mayor en la investigación de delitos fiscales, blanqueo o contrabando, que afectan en especial a funcionarios de la Unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, así como técnicos de peritajes y auxilio judicial en procesos penales.
Así, Gestha pretende pedir al próximo Gobierno y al Ministerio de Hacienda que se revise la Orden de 2013 y que se mantengan o recuperen los despachos individuales que, hasta ahora, solo utilizan funcionarios de rango superior al 28. En ese sentido, la organización considera que un despacho individual resulta «imprescindible por las características del puesto de trabajo».
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