Ahora se sabe que Hacienda reclama 60 millones de euros a Vodafone (con la compra está obligada a asumir todas las deudas así como subrogar todos los contratos vigentes), por lo que cautelarmente ha bloqueado el pago de estos "beneficios sociales" que se iban a embolsar el ex presidente José María Castellano y sus dos más directos colaboradores, la ex consejera delegada Rosalía Portela y el ex director financiero Carlos Sagasta.
Todo procede de un típico plan de stock options interno para altos ejecutivos valorado en su día en 200 millones de euros brutos, que en las negociaciones previas de venta de la compañía habían conseguido que comprara Vodafone a cambio de actualizarlo (esto es, descontar al precio de la compañía la deuda acumulada y reconocida de 3.000 millones de euros, con lo que se quedaba en una bolsa de 68 millones de euros). Un premio a pagar una vez liquidada la operación y consolidado el traspaso de poderes, y que proponía un reparto en 25 millones para los dos primeros, 15 millones para el tercero, y 3 millones que aún tiene pendiente el anterior responsable del negocio residencial, Guillermo Mercader, que había sido forzado a abandonar la compañía en verano de 2013.
Por su parte, Castellano también asumía dejar la compañía tras la compra, mientras que sus colaboradores y el resto del personal de Ono era integrado en la estructura de Vodafone. Castellano, quien había sido número dos en Inditex y asesor de Tous y Rothschild, no quiere que este conflicto menoscabe su imagen de alto ejecutivo, y ha anunciado motu proprio que renuncia reclamar esa cantidad pactada y firmada con Vodafone en un contrato de garantías adicional hasta que se aclare el asunto, "irregularidad de la que presuntamente no estaba informado".
Peor pinta parece tener la actuación de Portela, que sí había pactado seguir en el grupo un año más para ayudar a realizar la transición a la par que mantenía su asiento en los consejos de Administración de Dia y de Deodelo (controlada ahora por el fondo de capital riesgo CVC), y que ha tenido que abandonar inopinadamente su despacho el pasado 1 de septiembre. Y es que tras ser requerido su ordenador portátil por parte de los auditores de Deloitte para realizar las oportunas due dilligence sobre las cuentas de Ono, han empezado a salir los trapos sucios de las prácticas en la operadora.
A la sede londinense le ha sentado muy mal la ocultación de la visita de la Agencia Tributaria el 1 de julio en la que notificaba el inicio de las investigaciones por una trama presuntamente fraudulenta en la contabilidad del IVA generado por el tráfico telefónico internacional, y haberse formalizado la venta oficial el mismo 23 de ese mes como si nada hubiera pasado, cuando los inspectores ya estaban barajando la cifra de 60 millones de euros deuda fiscal más las pertinentes sanciones. Su renuncia no era más que la culminación de otras tres, bastante sospechosas ahora, bajas voluntarias producidas en ese periodo por trabajadores procedentes precisamente del círculo investigado por Hacienda.
Y es que a los responsables contables de Vodafone, más que el fraude en sí (unas prácticas que ya explicaremos más adelante en qué consisten y que seguramente no le son desconocidas por proceder de su mismo sector de actividad), o incluso el no haberse mencionado el expediente de investigación abierto por Hacienda durante la negociación, seguramente les preocupa más la repercusión que estas prácticas hayan podido tener en las cuentas reales de explotación de la compañía y el valor adquirido por ésta a la hora de la compra. Vodafone desembolsó 7.200 millones de euros por hacerse con la operadora de cable y completar su portfolio de servicios en España.
Imaginación en el dial
Según comenta Alberto J. del blog Alt1040.com, estos 60 millones de euros de IVA no declarado podrían venir "de una trama societaria de compraventa internacional de tráfico de llamadas que facturaba cerca de 250 millones de euros, fuera de los balances y libros de Ono, mediante la cual la operadora supuestamente reintegraba capital cuando necesitaban aumentar el beneficio operativo, o inflar las cifras de ventas con tal de mantener contentos a los accionistas".
Esta es la sospecha que asume el periodista Agustín Marco de ElConfidencial.com, que ha destapado todo este asunto, "filiales que estaban fuera del perímetro de la compañía y que no eran supervisadas por el director de auditoría". Y escribe: "Fuentes conocedoras del caso indican que, una vez llegada la notificación de la Agencia Tributaria, la número dos de Ono ordenó una investigación interna para depurar responsabilidades tras consultar con Ignacio Gordillo, el ex fiscal de la Audiencia Nacional, que trabaja en el despacho Martínez-Echevarría. Pero tras recomendarle colaborar y confesar la irregularidad, Portela optó por contratar a Uría y Menéndez, que les aconsejó no reconocer ningún hecho delictivo. La investigación interna se paralizó, pero de palabra, no por escrito, para evitar dejar huellas, tal y como le asesoró Juan Luis Delgado, secretario general del consejo de Administración".
Sin embargo, muchos se sorprenden de que los máximos directivos en la cadena de mando no estuvieran al tanto de una línea de negocio tan floreciente que trimestre a trimestre consolidaba unas cifras tan llamativas y jugosas, publicadas incluso en su web corporativa, y que incidían tan directamente en sus beneficios sociales. Como insinúa un ex trabajador, "se veía venir. Ono despidió en 2008 al equipo anterior que era reacio a estas prácticas para poder hacer lo que han hecho: inflar ingresos de forma artificial y jugar de forma ilegítima con ventajas fiscales. Una línea de negocio que facturaba de forma honesta menos de 10 millones de euros, pasó en poco más de cuatro años a 200 millones. Eso lo explica todo, se han subido a la parra".
Aún es prematuro para saber qué subyace en todo esto. "¿El problema es sólo el fraude tributario -es decir, declarar menos- , o haber hinchado ingresos de forma artificial para poder vender más caro -es decir, declarar más-?", se pregunta un afectado. Y seguramente también la gente de Vodafone, que ha encomendando al bufete internacional DLA Piper (que por cierto tiene a José María Aznar de colaborador asociado) emprenda las oportunas diligencias para anular el pago de los casi 70 milllones de bonus, en paralelo a la propia auditora Deloitte para que realice una investigación forense de los ordenadores de Ono.
Entre tanto, comentemos un poco más en detalle las prácticas que Hacienda está rastreando. Por un lado, se sospecha que Ono (igual que otras operadoras aún sin especificar en el punto de mira de Montoro) ha estado vendiendo tráfico mayorista a márgenes exiguos, nulos o incluso negativos, de forma que se registren ingresos sin rentabilidad o con rentabilidad negativa. También que se ha llegado a acuerdos con otras empresas internacionales de compraventa de tráfico para que los mismos minutos se facturen más de una vez, a veces pudiendo ser incluso minutos que ni siquiera responden a tráfico real sino que se generan de manera automática por máquinas programadas.
Respecto al IVA generado, hay una casuística común, que consiste en vender a empresas con sede fiscal en Canarias, aunque los flujos de tráfico no se produzcan ni remotamente en esas islas, de manera que en vez de IVA se facture con el IGIC, que es un tipo ligeramente inferior, de forma que se obtienen precios mayoristas más competitivos sobre la base fraudulenta. Otra variante es hacer eso mismo, pero facturando a empresas extranjeras de manera que ni siquiera se tenga que declarar con IVA. En todo caso, son trucos para generar ingresos que maquillen las cuentas de unos resultados que no proceden del negocio real del cable doméstico o de los servicios a empresas. El problema con la Agencia Tributaria es que no se declare, no que esté feo.
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