Solo tres empresas aprueban en mayor transparencia de su responsabilidad fiscal, según el informe elaborado Fundación Compromiso y Transparencia. Se trata de Iberdrola, BBVA y Repsol. El resto no cumplen ni la mitad de los criterios analizados, a partir de los documentos e informes colgados por las compañías en sus respectivas páginas webs, en materia de Responsabilidad Social Corporativa relacionada con la fiscalidad.
Más de la mitad apenas cumplen con los indicadores establecidos en el informe que van desde si las empresas han adoptado el Código de Buenas Prácticas Tributarias, recomendado por la Agencia Tributaria, al uso de paraísos fiscales o la utilización de herramientas para la prevención del blanqueo de capitales. "La responsabilidad fiscal se incorpora a las tradicionales cuestiones que han ocupado la RSC en un contexto salpicado por los escándalos financieros y la falta de confianza en todos los agentes sociales, incluido el sector empresarial. Las compañías del Ibex 35, referentes en sus sectores y motores de la economía y de la salida de la crisis, han de asumir un papel de liderazgo en materia de responsabilidad fiscal. Pagar impuestos no es sólo una obligación legal sino un comportamiento responsable de buena ciudadanía corporativa", explica Concepción Sacristán Sánchez, uno de los autores del informe.
Las empresas suelen informar de manera sesgada o indirecta sobre su presencia en paraíso fiscales y "es necesario analizar en detalle los informes anuales o las cuentas auditadas para detectar la presencia de filiales en esos territorios", subraya el documento.
Aunque destaca los esfuerzos de algunas empresas por informar con cierto detalle sobre sus políticas en materia de presencia en paraísos fiscales y sobre volúmenes de negocio y actividad: BBVA, Gamesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Indra, Banco de Santander y Red Eléctrica. El resto de compañías ocultan toda información de sus actividades en estos territorios en sus informes de gestión.
Sobre las políticas y procedimientos establecidos para la lucha contra el blanqueo de capitales, el informe señala que todas las empresas financieras (Banco Popular, Sabadell, Santander, Bankia, Bankinter, BBVA y Caixabank), por la propia naturaleza de su actividad, tienen establecidos procedimientos y políticas en esta materia, sus códigos recogen aspectos relacionados con este punto y cuentan con documentos ad hoc que resumen sus políticas al respecto. A las financieras se suman Abengoa, Iberdrola y Sacyr, conformando el 29% de la muestra que informa en su página web de su postura ante el blanqueo de capitales.
El informe también aborda otro de los temas críticos en la supervisión y control de una empresa como es la actividad de auditoría, tras los recientes escándalos que salpican la información económica. Un 34% cumple el indicador de identificar la compañía que realiza la auditoría especificando la información relativa al número de años que viene prestando ese servicio, pero son menos, un 28% las que hacen referencia a la independencia de la compañía auditora y la duración del encargo: Abertis, Bankia, Ferrovial, Gamesa, IAG, Iberdrola, Inditex, Indra, Jazztel y REC.
A pesar de que todas las empresas facilitan la información económica y financiera a través de enlaces directos en sus páginas web, son menos las que dedican un capítulo específico a informar sobre la fiscalidad de su compañía, afirma el informe. BBVA, Abengoa, Repsol y Telefónica, un 11% destacan por hacer pública esta información en sus páginas web de manera visible y accesible.
Sin embargo, no es posible encontrar tan siquiera una compañía que publique los litigios fiscales pendientes o las denuncias por evasión fiscal. Ninguna de las empresas analizadas hace referencia a este asunto en sus páginas web.
"Se trata de dos cuestiones especialmente relevantes a la hora de analizar la responsabilidad fiscal de las empresas. La primera permite analizar la información fiscal más importante para la opinión pública: los impuestos finalmente pagados desglosados por país. La segunda informa sobre los contenciosos que la empresa mantiene con la administración tributaria", concluye el informe.
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