Enero de 2018 ya es un año más tarde de lo que la Comisión Europea había propuesto como fecha para la entrada en vigor de MiFID II. Hablar de retrasar aún más la fecha límite para ajustarse a los nuevos estándares no es plato de buen gusto en Bruselas. Desde la capital europea se confía en que en este tiempo las empresas hagan los deberes y no dejen para después lo que es urgente hoy.
Respecto a los costes para adaptarse a la norma, la mayoría de managers, corredores de bolsa y los bancos consultados consideran que la regulación ya les está aumentando los costes y muchos sugieren que el gasto en cumplimiento podría más que duplicarse de cara a los próximos cinco años. Este tema comienza a ser un poco espinoso dado que los costes en regulación empiezan a estrangular a muchas empresas y si sube aún más esta partida podría significar que haya muchas compañías que no puedan estar al día para la fecha propuesta. La Directiva MiFID II toca cada parte del negocio financiero y los costes de su implementación en términos globales se calculan según algunas estimaciones en 2.500 millones de euros.
Otro de los miedos que se está instaurando es cómo hacer frente a que todos los clientes reciban datos personalizados sobre sus fondos. Los informes post venta que los clientes deberían conocer con MIFID II son específicos de cada cliente y podrían ser la mayor fuente de problemas para cumplir con la normativa. Esto significa que no basta con seleccionar las características generales de los fondos y darlas a conocer sino que hay que elaborar de forma detallada y personalizada la información para cada cliente.
Será incluso más difícil que lo que en un primer momento centró las quejas de la mayoría de los fondos, por su carácter dificultoso: la necesidad de informar a los clientes en un periodo corto de tiempo al cliente cuando su producto caiga en un 10%.
Los informes anuales que reciban los clientes por parte de sus asesores financieros después de enero de 2018, tendrán forzosamente que contener de forma detallada los costes, las compras y ventas de fondos… Todo apunta a que tener que informar de todos los costes y cargas bajo la MiDIF II supondrá además una carga de trabajo adicional.
Muchos de los datos que tendrán que recoger los informes de costes no están disponibles o en algunos casos no están grabados, lo que llevaría a tener que cambiar el proceso de recogida de datos, para que estuvieran en un mismo formato y puedan ser utilizados de forma práctica por todos los destinatarios.
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