El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la reducción a cinco años de la cotización mínima exigida a las personas con una discapacidad igual o superior al 45% para acceder a la jubilación anticipada. De esta manera, el tiempo que se exige a este colectivo para poder jubilarse se reduce dos tercios, ya que ahora se pedían 15 años trabajados.
Esta iniciativa, que ya había anunciado Pedro Sánchez un día antes en un acto de campaña, finaliza la reforma demorada desde 2021 y sigue las recomendaciones suscritas en la última actualización del pacto de Toledo de 2020, que menciona el “establecimiento de mecanismos de anticipación de la edad de jubilación de trabajadores con grados de discapacidad que comporten menor esperanza de vida”.
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 4,38 millones de personas declaran tener alguna discapacidad. En 2021, el 34,6% de las personas de 16 a 64 años con discapacidad oficialmente reconocida en 2021 eran activos, 0,3 puntos más que en el año anterior. Aun así, esta tasa es 43,1 puntos inferior a la de la población general.
En total, según la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad, a finales de 2021 había 4.674.932 personas a las que se les ha realizado el proceso de valoración de su discapacidad, lo que supone el 9,9% de la población. De estas, 1.946.439 tenían un grado reconocido superior al 45%
Cruzando datos de Imserso y del INE, las personas con un grado de discapacidad superior al 45% que se encuentran en activo rondan las 219.000, que se distribuyen de la siguiente manera:
- 45%-64% 37,5%: 105.375 personas
- 65%-74% 21,3%: 88.000 personas
- Más del 75% 12,2%: 25.742 personas
El gasto en pensiones no para de aumentar
El gasto en la partida de pensiones roza ya los 12.000 millones de euros mensuales (datos de abril), un 10,79% más elevado que el año anterior. La tendencia alcista en el gasto en esta partida no cesa y ya se acumula un aumento de 3.000 millones de euros mensuales en los últimos cinco años. De esta manera, se han abonado 10.026.535 pensiones contributivas, de las que 6,34 millones eran de jubilación y 2,35 millones de viudedad. En la actualidad, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que el gasto en pensiones ronda el 11,7% del PIB.
Asimismo, un informe publicado ayer elaborado por el Instituto de Estudios Económicos apunta a que la reforma de las pensiones aprobada por el Ejecutivo no corrige el estado deficitario del sistema actual y, además, supondrá la destrucción de hasta 570.000 empleos, teniendo en cuenta el aumento de las cotizaciones a futuro.
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