Sólo cuatro CCAA son capaces de pagar sus pensiones

La regulación del sistema de pensiones públicas contributivas es de base estatal, lo que supone una aplicación homogénea en todo el territorio. Este factor es muy relevante si tenemos en cuenta que existen fuertes diferencias en materia demográfica y económica entre Comunidades Autónomas, por lo que el principio de solidaridad interregional garantiza la sostenibilidad en aquellas zonas más envejecidas. La tasa de envejecimiento en España ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, pasando del 11,8% en 1980 al 18,3% en la actualidad, según los datos del Instituto BBVA de Pensiones. Esta tendencia ha sido más patente en algunas CCAA como Asturias, Castilla y León o Galicia, donde casi una de cada cuatro personas tiene más de 65 años. En este contexto, sólo cuatro regiones mantienen actualmente una relación de afiliados pensionistas superior a 2, lo que impide que su seguridad social entre en déficit de ingresos sobre gastos. En la actualidad, sólo Madrid, Baleares, Canarias y Murcia superan esta ratio, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el otro extremo; Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria se sitúan por debajo del 1,5. La ratio agregada en España rompió la barrera a la baja en 2011, y actualmente se sitúa en el 1,75. Estas diferencias se deben fundamentalmente a la diversidad en las bases de cotización entre las CCAA. Por un lado, la demografía laboral en cada región (por género y edad) influye. Del mismo modo, la naturaleza de los empleos (por sectores, por cuenta propia o ajena, o por nivel educativo) y de las carreras (duración, intensidad en la cotización, tipo de base) también tienen una incidencia decisiva. La estrecha relación entre las bases y los salarios, la productividad y la marcha económica de cada región explica además las diferencias que se observan en la pensión media. Por ejemplo, la distancia entre la Comunidad en la que más se cobra y la que menos es de un 49%. Son los casos de Galicia, donde la prestación promedio es de 836 euros al mes, y País Vasco, donde se sitúa en los 1.246 euros al mes.

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