La esperanza de vida ha aumentado de manera notable en todo el mundo. Si a mediados del siglo XX las personas vivían de media unos 45 años, la media mundial es hoy de más de 70. En países muy desarrollados, como Japón, Suecia o España, la esperanza de vida sobrepasa los 80 años. Según todas las predicciones, esta progresión continuará y nuestras sociedades serán cada vez más longevas. Sin duda, esto es una buena noticia que refleja el mejor nivel de salud, alimentación y seguridad general, pero también plantea una serie de importantes retos a los sistemas de bienestar y productivos en las democracias liberales.
Es fundamental que las agendas políticas aborden la cuestión de la nueva longevidad para convertir los retos en oportunidades de desarrollo económico y mantener los modelos de bienestar. Hay una floreciente economía de servicios y productos destinados a ciudadanos (consumidores) de más de 50 años en muchos sectores, desde la salud al ocio, pasando por la banca o los seguros. Es la llamada silver economy, un sector en auge que corre el riesgo de no alcanzar todo su potencial si no se consolida un nuevo paradigma social en lo que respecta a la nueva longevidad.
El nuevo paradigma se define por una idea contraintuitiva: no se trata sólo de que vivamos más años, sino de retrasar la vejez y de mantenernos ‘jóvenes’ por más tiempo. Y algunas investigaciones científicas apuntan incluso a la eterna juventud. De momento, el desarrollo tecnológico al servicio de la salud está avanzando soluciones para alargar la vida y detener el proceso de envejecimiento de una manera nunca vista. Esta no es una aspiración meramente cosmética ni superficial, tiene implicaciones relevantes en el ámbito del empleo y el sistema de seguridad social, en el sanitario y también en el de los valores. No sólo se trata de extender la vida laboral con más opciones y más flexibilidad, se trata de repensar la propia organización social.
Es importante que los actores políticos y económicos entiendan esta revolución que nos obliga a cambios importantes de legislación y políticas públicas y también, sobre todo, a un radical cambio de mentalidad. Esto es, una persona de 65 años ya no es una persona ‘mayor’.
Puede y debe ser productiva, tanto social como económicamente. Para ello va a ser necesario una adaptación de los sistemas de salud, las infraestructuras y los servicios sociales no sólo para satisfacer las necesidades de la población más longeva, sino también para aprovechar todo el potencial de un grupo social con capacidades, conocimientos y experiencia de gran valor. También las empresas deben plantearse cómo afrontar y aprovechar esta oportunidad y exigir a los poderes públicos la acción necesaria, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como en sus estrategias y modelos de negocio.
En cuanto a las oportunidades económicas, la silver economy es un mercado global hacia el que se enfocan ya muchas industrias como la tecnológica o la del turismo, y hacia el que han pivotado muchas empresas para seguir creciendo. Sin embargo, es imprescindible la acción política para garantizar la sostenibilidad de esa actividad económica. Hoy, el consumidor silver tiene un cierto poder adquisitivo, pero esto podría cambiar en el futuro si no se adoptan -y adaptan- las políticas públicas al nuevo paradigma. Los gobiernos deben rediseñar los sistemas de pensiones. Es urgente por varias razones. También es necesario un replanteamiento de las ideas de equidad intergeneracional y de cohesión social, que deben abordarse desde otro prisma. Es fundamental que se promueva un envejecimiento activo y productivo, en el sentido más completo e innovador de los dos términos. Toca inventar entre todos el nuevo ciclo de la vida.
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